De la 'celebración' del PP «por la vuelta a la normalidad» al «me alegro» del PR+

J. C. LOGROÑO.

Julián San Martín y María Luisa Alonso respiraron ayer. «Ha sido un año y medio muy duro, pero primero el Tribunal de Cuentas y ahora el Juzgado de Instrucción han archivado el caso al no haber delito», decía el portavoz. «Siempre hemos dicho lo mismo, aportando la misma documentación... y todo ello ante la denuncia de un particular, expulsado del partido, que ha servido para ser atacados constantemente por determinadas personas y grupos políticos», añadía la propia Alonso dando por 'cerrado' el caso.

Mientras Enrique Echazarra, el denunciante, valoraba ayer recurrir el auto pues «no es firme», los grupos municipales del Ayuntamiento se pronunciaban a requerimiento de Diario LA RIOJA. «Desde el Grupo Popular celebramos la vuelta a la normalidad de la institución. Nada debe distraernos de trabajar por mejorar el día a día de los logroñeses», declaraba por escrito el portavoz del PP, Javier Merino, quien mostraba «nuestra satisfacción por la rápida y favorable resolución del caso» y añadía que «con este fallo y la agilidad del juzgado se evita que el buen nombre e imagen del Ayuntamiento continúe en entredicho por un asunto de tanta trascendencia».

Rubén Antoñanzas, edil del PR+ y otro de los más críticos, decía alegrarse «por la institución», «por ellos en lo personal», y recordaba que «era una cuestión política» y que él lo único que ha hecho «ha sido recordarles su incumplimiento del código ético del que presumen y del acuerdo de investidura que firmaron». Beatriz Arraiz, del PSOE, respetaba la decisión judicial y, una vez archivado el caso, daba «por zanjado el asunto». Y desde Cambia, Gonzalo Peña se mostraba sorprendido porque «más allá del caso concreto, había una intencionalidad, como la propia Alonso reconoció en una asamblea» y «porque una contratación ilegal no sea punible».

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos