La Asociación de Empresarios de la Construcción estudia denunciar al Ayuntamiento de Logroño por su mal funcionamiento

Juan Marín

La CPAR pretende tomar medidas por la "dejación de funciones" del Consistorio, que tiene "prácticamente paralizado el urbanismo"

LA RIOJA

La Asociación de Empresarios de la Construcción, Promoción y Afines de La Rioja (CPAR) estudiará las vías legales para denunciar a los funcionarios del Ayuntamiento de Logroño o a sus responsables municipales por responsabilidad patrimonial ante el "mal funcionamiento" de esta Administración.

Así lo ha anunciado su secretario general, Juan Ramón Liébana, en una rueda informativa que recoge Efe, en la que expresado la denuncia de la CPAR por la "dejación de funciones" del Ayuntamiento, que tiene "prácticamente paralizado el urbanismo".

Ha detallado que, en julio de 2017, "todos nos echábamos las manos a la cabeza cuando nos desayunábamos con la información de que Logroño había estado todo un fin de semana sin servicio de Policía Local, sin patrullas en las calles durante las noches, ni uniformadas ni de paisano". Esta situación de "descontrol", ha añadido, parece que "se está extendiendo a todos los trabajadores públicos del Ayuntamiento de Logroño, sin que sus responsables políticos parezcan querer o poner remedio a la situación, a pesar de las reiteradas voces de alarma".

Para la CPAR, ha agregado, "el conflicto de la Policía y los bomberos es muy llamativo, pero en la gestión diaria de las empresas riojanas hay dejación de funciones que tienen un enorme impacto en la actividad económica y el empleo en Logroño".

"Situación de práctica parálisis"

Ha informado de que la CPAR "ya ha puesto en conocimiento de la alcaldesa y del concejal de Desarrollo Urbano en diversas ocasiones la situación de práctica parálisis en que se encuentran, entre otros, los servicios de Urbanismo, Licencias de obras y actividad, Movilidad y Tesorería del Ayuntamiento de Logroño; sin que la situación mejore un ápice".

Según sus datos, esta situación ha comenzado a ser "catastrófica entre finales de diciembre de 2017 y enero del presente año". Ha argumentado esta queja con varios ejemplos, como el hecho de que "las empresas tardan 5 meses en obtener una licencia para poner un andamio".

También ha indicado que hay "licencias para un proyecto de obra que se solicitan en el mes de octubre o noviembre y que todavía ni siquiera se ha mirado".

Además, "hay obras de construcción paradas durante 6 u 8 meses porque no se autoriza el montaje de la grúa" y "la entrega de una obra de reforma de un establecimiento se ha retrasado casi 2 meses porque el inspector de Medio Ambiente no se pasa a echar un vistazo", ha informado Liébana.

También se ha referido a que "se tarda 3 meses en obtener una autorización municipal para poner introducir una pantalladora en el casco antiguo", o que "en la ventanilla de licencias municipales hay permanentemente 2 personas de baja y, en ocasiones, te encuentras con un cartelito en el que se lee 'no podemos atenderle'".

Lo mismo ocurre, ha precisado Liébana, "en la Unidad de Tesorería, en donde cuando vas a solicitar la devolución de una fianza que has presentado no hay nadie para atenderte, y menos para devolverte tu dinero".

"Dejadez de los funcionarios municipales"

La CPAR también ha arremetido contra "la dejadez de los funcionarios municipales en lo que respecta al urbanismo municipal", ya que, según ha precisado Liébana, "se tarden más de 4 meses en conseguir tramitar una modificación puntual del Plan General, para que luego venga otra unidad administrativa y ponga mil y un reparos que devuelva el trabajo y el dinero invertido por las empresas al punto de inicio".

"Estas desidias tanto de los funcionarios municipales como de los responsables políticos del Ayuntamiento de Logroño hacen que, en un entorno de incipiente recuperación económica y del sector promotor-constructor, en Logroño no haya grúas porque el Ayuntamiento no quiere", ha precisado Liébana. "En primer lugar porque no hay suelo disponible en Logroño y, en segundo lugar, porque la promoción que se pretende llevar a cabo en el poco suelo que hay se ralentiza hasta el hastío", ha subrayado.

Para la CPAR, ha agregado, "la práctica paralización del urbanismo supone no solo pérdida de atractivo de la capital riojana para atraer inversiones industriales y comerciales, sino también la imposibilidad de que las empresas locales acometan un desarrollo urbano sostenible, con la consiguiente pérdida de empleos, directos e indirectos, ante la imposibilidad de poder ejecutar nuevos proyectos urbanísticos, de rehabilitación u obra nueva". Según sus datos, "las empresas están dejando de contratar a personal porque no se inician las obras y no se aprueban determinados planes de reforma".

También ha indicado que "a los responsables del Ayuntamiento de Logroño se les llena la boca con la necesidad de impulsar la actividad económica y el empleo de la ciudad, pero con su incapacidad de hacer que los funcionarios municipales atiendan sus obligaciones en plazo están consiguiendo lo contrario".

Según la CPAR, "a este desastre se une, además, la situación de indefensión en la que sitúan a las empresas, que tienen la obligación de solicitar las licencias y modificaciones urbanísticas legalmente previstas para llevar a cabo su actividad, haciéndolas incurrir en retrasos y por consiguiente en responsabilidades frente a clientes, trabajadores y proveedores", ha enfatizado Liébana.

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