Sáinz: «Los servicios jurídicos estudiarán otras posibilidades»

Sáinz entiende que la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León remite a los ayuntamientos al Código Penal al interpretar lo regulado en ordenanza como ilícitos penales -atentados contra los derechos fundamentales de las personas-, cuando aquí «hablamos de regular relaciones de convivencia de interés local» y, por tanto, ilícitos administrativos.

Por tanto, también existe la opción de seguir adelante con la regulación a la espera de una resolución por parte del Tribunal Supremo -Logroño entiende que daría la razón a Salamanca si recurre- o «especificar y matizar con todo lujo de detalles» las conductas que se pretenden atajar para evitar en la medida de lo posible que, de la misma manera que en Salamanca, alguien intente tumbar tal modificación.