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Propietarios de los bajos comerciales y arrendatarios con negocio posan delante del edificio proyectado por Fermín Álamo en 1932.
Los bajos se alzan contra el derribo

Los bajos se alzan contra el derribo

El Ayuntamiento da un plazo de tres meses para iniciar el derribo menos de cinco años después de acometer una reforma estructural subsidiaria

Javier Campos

Martes, 24 de mayo 2016, 21:11

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«No nos oponemos a su rehabilitación, que ya debería haberse ejecutado, sino al derribo que llevan buscando desde hace años sin que nadie haya hecho nada por evitarlo». Así de contundente se muestra parte de la propiedad de Gran Vía 29, concretamente la correspondiente a los bajos del edificio levantado por Fermín Álamo en 1932, y sobre el que pesa una reciente orden de derribo en un plazo de tres meses que no aciertan a entender.

La situación, pese a que pudiera ser definitiva, no es nueva. El Ayuntamiento de Logroño ya declaró la ruina económica en el 2003 otorgando un plazo de un mes para su demolición que finalmente anularon los tribunales. Ahora, trece años después, los propietarios de los bajos comerciales que siguen en uso -una tienda de moda, una de complementos y un locutorio-, al igual que entonces, se continúan oponiendo y volverán a recurrir a la Justicia... ahora juntos.

Se da la circunstancia, además, de que no hace ni cinco años la propia Administración local llevó a cabo una reforma estructural, con carácter subsidiario, valorada en 243.344 euros que giraron a la comunidad de propietarios. «Luchamos para que nos obligasen a hacerla incluso para que la ejecutase el Ayuntamiento y nos la cobrase porque el resto se oponía a atender el requerimiento», recuerda María Luisa García, quien regentase 'Electro Radio' -servicio técnico de Braun- durante muchos años en uno de los locales. Ella y su hermana, quienes abanderaron el proceso solas ya a principios del 2000, se muestran satisfechas de que, al menos, a día de hoy hayan conseguido adherir a su causa a José Otamendi y a los hermanos Calleja, los propietarios de los dos bajos restantes y en uso.

El edificio está considerado un claro ejemplo de 'mobbing' inmobiliario: una propiedad mayoritaria poco interesada en el mantenimiento y una minoritaria insistiendo en defender que el edificio siguiese en pie. La nueva declaración de ruina fue ratificada de hecho por José Luis Ortega en representación de la comunidad de propietarios y José María Ramos en representación de las mercantiles Promociones Ordial y Tilara Inversiones, a los que se sumaron tres propietarios particulares de pisos.

Sus deficiencias tendrían origen en una plaga de termes que, en 1999, fue propiciada por las humedades de una marisquería instalada en los bajos del inmueble. Desde entonces los pisos empezaron a ser deshabitados y vendidos ante la interesada 'amenaza' de ruina que se fue propagando. Las hermanas García hablan de especulación «pura y dura» y se sienten «desamparadas por el que se supone nuestro ayuntamiento».

Ahora, varios años después, las sospechas siguen ahí e informes técnicos como el aportado por los bajos vienen a confirmarlo. No en vano, está firmado por el arquitecto que se encargó de la ejecución subsidiaria. «Con las obras acometidas quedó garantizada su estabilidad estructural, a día de hoy sigue manteniendo tales condiciones y todo este tiempo existe una dejación importante por parte de los propietarios de las viviendas de las plantas cuarta, quinta y sexta por cuanto no han cumplido con sus deberes de mantener el edificio en las adecuadas condiciones de salubridad», puede leerse en el mismo. Desde los bajos no sólo se denuncia que las palomas campan a sus anchas sino fugas de agua 'poco casuales' no viviendo nadie...

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