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EFE
Martes, 3 de mayo 2016, 13:07
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El Ayuntamiento de Logroño ha sido condenado solidariamente por los impagos a las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio de la empresa ADLAR, ha detallado hoy UGT de La Rioja en una nota.
Este sindicato ha recordado que estas trabajadoras denunciaron el impago de sus nóminas al Juzgado de lo Social y las primeras sentencias dan la razón a UGT al condenar al Ayuntamiento logroñés y a ADLAR, nueva empresa adjudicataria del servicio desde junio de 2015, al abono conjunta y solidariamente de esas nóminas.
"El Ayuntamiento de Logroño -según este sindicato- ha sido cómplice de esta situación de precariedad laboral al no tener en cuenta las advertencias que desde FSP-UGT le hacía" a través de escritos y reuniones con la alcaldesa, Concepción Gamarra; y con la concejala de Familia, Paloma Corres.
Responsabilidad de los Ayuntamientos
UGT ha insistido en la "importancia" de estas sentencias condenatorias para el Ayuntamiento de Logroño, que destacan "la responsabilidad de las administraciones públicas sobre las empresas concesionarias de servicios públicos".
La secretaria del sector de Acción e Intervención Social y Dependencia de FSP-UGT en La Rioja, Ana Victoria del Vigo, ha indicado que es "responsabilidad de los ayuntamientos e instituciones públicas, como empresa principal del servicio de ayuda a domicilio, garantizar los derechos de sus trabajadores".
También cree que hay que evitar situaciones como las vividas en ADLAR y que se hable de "empleados públicos de primera y de segunda y, por tanto, de servicios públicos de primera y de segunda".
UGT ha interpuesto 49 denuncias, a las que se suman 11 presentadas por otros sindicatos y abogados de oficio; y los servicios jurídicos ugetistas ya han recibido respuesta de 15 de ellas, en las que se condena a ADLAR, a SERVISAR y al Ayuntamiento de Logroño al abono conjunta y solidariamente de los impagos a las trabajadoras.
Sus datos indican que hay 60 trabajadoras contratadas por ADLAR para el servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Logroño; mientras que 50 son trabajadoras socias, en las que su condición de cooperativistas hace únicamente responsable a la empresa ADLAR.
Además de en el Ayuntamiento de Logroño, los impagos de ADLAR se han producido en el Consistorio de Agoncillo y en las mancomunidades de Rioja Alta, Valvanera, Najerilla, Cuatro Ríos y Ocón, entre otras, ha señalado UGT.
La FSP-UGT mantendrá su trabajo en "la defensa de los servicios sociales de calidad" y "contra la práctica de externalizar servicios públicos para reducir costes, perjudicando a los trabajadores de estos servicios, ya que, en muchos casos, las adjudicaciones se dan con bajadas por debajo del coste hora del servicio".
"Las administraciones no pueden mirar hacia otro lado y es necesario que en los pliegos de condiciones se recoja el cumplimiento de los convenios, así como su vigilancia y control", ha defendido.
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