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Sábado, 7 de abril 2018, 15:56
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No fue el 1, sino el 2 de diciembre. Ese día los transportistas dejaron de transitar por la N-232, obligados a circular por la autopista. Aquel veto de Fomento ha sido la puntilla para los negocios que jalonan la nacional. Han pasado cuatro meses, más que suficientes para que la imagen de bares atestados, en su mayoría de hombres, buscando el reposo tras cientos de kilómetros al volante de moles de doce ruedas o más, haya dado paso a manteles impolutos sobre mesas vacías. 120 días que han colocado en la cuerda floja a muchos empresarios que hasta entonces vivían de la carretera. Ya no es rentable y tienen que hacer funambulismo para pasar el mes.
La prohibición no ha sido plato de gusto para hoteles, restaurantes, gasolineras y talleres. De hecho, en enero, cuando ya se le habían visto las orejas al lobo, se unieron formalmente en torno a la Plataforma de afectados por el desvío obligatorio de camiones a la AP-68.
23 establecimientos de la N-232, entre restaurantes, hoteles, gasolineras, talleres integran la Plataforma de Afectados por el desvío de camiones a la AP-68
La unión, dicen, hace la fuerza, pero por el momento, al colectivo no le ha surtido efecto, al menos el efecto deseado. Ni siquiera el apoyo que han recibido desde numerosos colectivos, incluido el que hace poco les mostraron catorce ayuntamientos de otros tantos municipios de La Rioja y Álava, ocho de ellos gobernados por el PP, que firmaron un manifiesto rechazando la restricción al tráfico. «De momento no ha sido muy fructífero», reconoce Eduardo Losada, portavoz de la Plataforma, aunque lógicamente es de agradecer y «nos sentimos respaldados».
eduardo losada / portavoz de la plataforma
Pero las cuentas son las que son y a los empresarios de la zona ya no le salen como antes. De hecho, Losada asegura que en estos cuatro meses se han producido 75 despidos directos a los que habrá que sumar los indirectos como consecuencia de la caída de la facturación. La cifra no es baladí. Calculan que la bajada de ingresos oscila entre el 40 y el 70% en función del negocio y lo peor, teniendo en cuenta que «el umbral de rentabilidad en hostelería es pequeño», estaría por llegar si no se toman medidas de inmediato porque el cierre de algunos negocios, de los que dependen 400 familias de La Rioja, cada vez están más cerca, «es cuestión de tiempo».
eduardo losada / portavoz de la plataforma
Losada recuerda que desde el pasado 2 de diciembre han mantenido conversaciones tanto con el consejero de Fomento, Carlos Cuevas, como con la Dirección General de Tráfico (DGT) y de momento ni han movido ficha ni han sacado nada en claro, porque «pedimos la flexibilización de la norma y que los camiones puedan salir a nuestros negocios, pero hay cierta obstinación, nos mandan de un lado a otro y no nos dan respuesta, no nos hablan claro», asegura.
Llegados a este punto, la única salida que han visto posible es acudir a la Justicia y que sea ella la que tenga la última palabra en un asunto del que dependen demasiadas bocas.
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