El TSJR rechaza demoler las obras del chalé de Sanz, pero tampoco avala su legalización

Imagen del chalé del expresidente de La Rioja, Pedro Sanz, en Villamediana de Iregua. :: justo rodríguez
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Imagen del chalé del expresidente de La Rioja, Pedro Sanz, en Villamediana de Iregua. :: justo rodríguez

La sala de lo Contencioso reconoce que la vivienda del expresidente se encontraba fuera de ordenación, pero su situación ya contemplaba la tramitación del PGM

CARMEN NEVOT* CNEVOT@DIARIOLARIOJA.COM LOGROÑO.

La Sala de lo Contencioso Administrativo de La Rioja, en un fallo hecho público ayer, rechaza la demolición de las obras que el expresidente del Gobierno regional, Pedro Sanz, ejecutó en un chalé de su propiedad y de su mujer en Villamediana de Iregua, pero considera que tampoco «puede otorgarse actualmente licencia para legalizar las obras ejecutadas sin sujeción a la licencia». Unos trabajos que, según el fallo, consistieron en cubrir la totalidad de la terraza de la primera planta, con nuevas carpinterías, obras de albañilería, pavimentación inferior, fontanería y electricidad, de modo que la nueva dependencia se destinó a dormitorio. El coste real de las obras superó los 12.000 euros, cuando la licencia que se les concedió en el 2012 recogía el cambio de tejas y cubrir cuatro metros cuadrados de terraza, todo ello con un presupuesto de 2.500 euros.

La vivienda del expresidente en la localidad villametrense, tanto antes como después de las obras en cuestión, se encontraba «fuera de ordenación», pero, según matiza la Sala que preside Jesús Miguel Escanilla, «se trata de una construcción cuya situación ya contemplaba la tramitación del PGM».

Pese a ello, añade el fallo, la legalización de las obras, como así se pretendía con una resolución del alcalde de febrero del 2014, que ponía fin a la tramitación de restablecimiento de la legalidad urbanística, «no procede» en este momento porque si bien el PGM se aprobó en el 2013 «su desarrollo no ha concluido, ya que aún no se ha aprobado el plan parcial del sector de suelo urbanizable delimitado en el que ha quedado incluida la parcela examinada. Esto impide que en este momento se pueda otorgar una nueva licencia que legalice las obras», apunta el fallo judicial.

La regularización de las obras no es posible ahora «porque aún no se ha aprobado el plan parcial del sector de la parcela del expresidente».La sala de lo Contencioso zanja así el recurso presentado por los ediles Cámara e Ibarguren contra una resolución del alcalde.

En la misma sentencia, que puede ser recurrida en casación, los magistrados recuerdan que el momento para conceder la nueva licencia, que dotaría de legalidad a la edificación del también vicepresidente primero del Senado, es una vez esté desarrollado el PGM de Villamediana, con la aprobación de los proyectos de reparcelación y de urbanización, que hasta la fecha, aseguran, no consta que se hayan aprobado.

La causa sobre la que se pronuncia el TSJR arranca a raíz de un recurso que los concejales del Ayuntamiento de Villamediana, Jesús Cámara (IU) y Sonia Ibarguren (PSOE), presentaron ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número uno, contra la mencionada resolución del alcalde, que consideraba posible la legalización de la obra ejecutada en el chalé. En primera instancia, el juzgado no admitió el recurso de los ediles porque aunque entendía que la acción pública urbanística podía ser ejercida por cualquier persona en defensa del interés público, en este caso, «la salvaguarda del interés público urbanístico se encuentra supeditada a la lucha de cariz puramente político» y, por tanto, habían ejercitado la acción pública de una forma «espuria, fraudulenta e irregular», ya que obedecía a una finalidad «puramente política».

Una vez recurrido el fallo de primera instancia, la Sala recoge abundante jurisprudencia, incluido un fallo del Tribunal Constitucional, que avala que los representantes electos de las corporaciones locales están legitimados para impugnar la actuación del Ayuntamiento al que pertenecen. De ahí que concluye que los concejales Cámara e Ibarguren estaban legitimados para iniciar la acción pública en materia de urbanismo y, por tanto, estima su recurso contra el fallo de primera instancia, que revoca íntegramente, pero a la vez desestima la pretensión de demolición de las obras del chalé de Sanz.

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