Una treintena de jueces y fiscales piden en Logroño independencia y mejoras

Concentración de los profesionales de la justicia en La Rioja se manifiestan frente al Palacio de Justicia. /Justo Rodriguez
Concentración de los profesionales de la justicia en La Rioja se manifiestan frente al Palacio de Justicia. / Justo Rodriguez

Los profesionales proponen una serie de medidas encaminadas a la mejora del sistema judicial

LA RIOJALogroño

Una treintena de jueces y fiscales de La Rioja se han concentrado hoy en la puerta principal del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) para reforzar la independencia judicial, modernizar la administración de Justicia y mejorar las condiciones profesionales.

La decana de los jueces de Logroño, María Cecila de la Iglesia, en declaraciones a los periodistas, ha explicado que «apoyamos las catorce medidas propuestas por las Asociaciones Judiciales asumidas por 1.200 Juntas de Jueces de todo el país y con la adhesión individual de 3.500 jueces y magistrados».

«También apoyamos las peticiones efectuadas por las Asociaciones Fiscales en mejoras de su estatuto y funciones», ha dicho, por lo que, en consecuencia, solicitan al Gobierno y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que, «con la urgencia que existe la situación, se acuerden distintas medidas».

Entre estas medidas, ha destacado la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en lo que se refiere al CGPJ para recuperar el «régimen competencial, de organización y de funcionamiento que garantice la elección de vocales por los jueces y magistrados, asegurando la igualdad de género y la representatividad».

Además, ha solicitado que el CGPJ ampare «de modo efectivo» a los miembros de la carrera judicial de cualquier ataque recibido que afecte a su independencia y la «objetivación» del sistema de nombramiento de altos cargos judiciales, de acuerdo con un proceso «transparente y en decisión motivada, adoptada por mayoría cualificada».

Respecto a la modernización de la Administración de Justicia, para lograr su «calidad y eficacia», ha pedido incrementar las plantas judicial y fiscal, «convocando, al menos, 300 plazas en cada uno de los próximos cuatro años»; y un proceso de digitalización con «equipos necesarios y programas adecuados» para no ralentizar la función jurisdiccional.

Ha planteado «la implantación de los tribunales de instancia, respetando las exigencias de independencia e inamovilidad« y, mientras tanto, la creación de órganos judiciales »suficientes para atender al incremento de litigiosidad, hoy en 126 asuntos con cada mil habitantes«.

De la Iglesia ha asegurado que es necesario revisar el modelo de oficina judicial para atender a principios de eficiencia, coordinación y delimitación de funciones, además de «compatibilizar los distintos sistemas de gestión procesal existentes en todo el territorio nacional».

Para mejorar las condiciones profesionales, ha pedido la convocatoria «inmediata» de la Mesa de Retribuciones, que no se convoca desde 2003, cuando debe hacerse cada cinco años, con el objetivo de recupera el nivel salarial perdido en 2010 y «adecuar la retribución a la responsabilidad inherente a la función».

A esas reclamaciones ha sumado la relacionada con la modificación de «permisos y medidas de conciliación», la «implantación urgente» de unas cargas máximas de trabajos y la adopción de medidas preventivas frente a los riesgos psicosociales.

Programación y equipos

Por su parte, el fiscal de la Fiscalía de La Rioja Valentín de la Iglesia ha solicitado la derogación del sistema de plazos máximos de instrucción «mientras no se dote de los medios necesarios al efecto»; y la paralización de la implantación de la justicia digital hasta que «no se garantice el correcto funcionamiento de programas y equipos».

También ha planteado que la Fiscalía General del Estado forme a los fiscales y un refuerzo de la independencia del Ministerio Fiscal, así como su «autonomía presupuestaria».

Para alcanzar todos estos fines, la decana de los jueces de Logroño ha anunciado que «secundaremos todas las medidas de movilización acordadas por las cuatro asociaciones judiciales y las tres fiscales el pasado mes de marzo», como una manifestación en Madrid el próximo 14 de abril y «paros parciales, que podrán culminar en huelga el 22 de mayo».

Respecto al juez del caso abierto en el Tribunal Supremo por el «procés» hacia la independencia, Pablo Llarena, De la Iglesia, a preguntas de los periodistas, ha declarado que es «incomprensible e indignante» la situación en la que se encuentra, ya que «un juez, por hacer que prevalezca el estado de derecho, no puede estar sometido a presiones«.

Los jueces, ha indicado, debe ser «independientes y no trabajar bajo ninguna presión» y ha asegurado que «en la decisiones judiciales no pueden interferir ni partidos políticos ni ningún tipo de asociación».

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