Todo anuncio de rebaja de impuestos es bien recibida. Sobre todo en momentos, como el presente, en el que venimos de una etapa de una más que asfixiante presión fiscal. Siempre he defendido que la mejor receta para una buena conciencia fiscal es la pedagogía en materia de gasto e ingreso público, que debe ser aprehendida desde la edad más temprana. Pero, para ello, es imprescindible que el contribuyente sienta como justo el pago del montante de impuestos que se le exigen. Y, créanme, resulta muy complicado que el ciudadano interiorice como justo que una persona que genera rentas derivadas de su trabajo, o de una actividad económica en concepto de autónomo, pueda verse obligado a tributar hasta casi el 60% de los ingresos percibidos (años 2012 a 2014), aunque el perceptor se llame Messi o Cristiano Ronaldo. Por todo ello, debe recibirse con alborozo una rebaja impositiva en sede del IRPF.

Ahora bien, no es menos cierto que un anuncio como éste debe ser recibido con la debida cautela. Toda bajada de impuestos puede suponer una merma de recaudación, aun cuando sea una verdad incontestable que una rebaja fiscal suele coadyuvar al crecimiento económico en los ciclos expansivos. Pero no casa bien la también anunciada aprobación de las rentas mínimas de ciudadanía, de las rentas de los ninis y demás prestaciones sociales cuyo aumento continúa, con una mengua de los impuestos.

Y, además, ¿qué quieren que les diga? El anuncio de la rebaja de un 0,5% en los tipos efectivos del tramo autonómico del IRPF riojano se me antoja escasa y un poco tacaña. La escala autonómica del impuesto en La Rioja es de las más gravosas de España. Contamos con el tipo marginal más alto (25,50%) que, unido al estatal (22,50%) (tres puntos más bajo) supone un tipo máximo en el impuesto del 48%, frente a otras comunidades, como Madrid (21%) o Castilla León (21,50%), con una presión fiscal hasta 4,5 puntos inferior a la escala riojana. Por ello, resulta obligado volver a la senda anterior a la escandalosa subida del impuesto de 2012, y rebajar la presión fiscal del mismo.

Además, la comentada rebaja debe relacionarse con la anunciada elevación del mínimo exento del impuesto de 12.000 a 14.000 euros y de la aprobación de una reducción decreciente para las rentas de hasta 18.000 euros. En definitiva, que las decisiones de las haciendas autonómicas están estrechamente relacionadas con las que se adopten a nivel de la hacienda estatal.

En cuanto a la anunciada eliminación del Impuesto sobre el Patrimonio en La Rioja, permítanme que sea un tanto escéptico. Se trata de un impuesto totalmente cedido a las comunidades autónomas y, aun cuando algunas de ellas, como es el caso de La Rioja, puedan permitirse por motivos presupuestarios su eliminación, mucho me temo que, en el marco de la posible reforma de la financiación autonómica, en la que se aspira a una mínima homogeneidad entre comunidades, algunas de ellas difícilmente van a aceptar su eliminación. De hecho, son varias las comunidades que han exigido ya al Gobierno que tome medidas para no permitir la supresión del impuesto y que se articule una cierta homogeneidad en su exigencia en España. Repárese que Cataluña, por ejemplo, ingresa anualmente cerca de 500 millones de euros con este impuesto, lo que supone casi el 50 por 100 de la total recaudación del mismo en España. En el fondo, el independentismo con dinero se cura. Ya se sabe, la pela es la pela.

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