El Supremo archiva la causa contra Sanz por un presunto delito urbanístico en Villamediana

Sanz, durante el homenaje
al exalcalde de Villamediana
Tomás Santolaya en el 2015.
:: justo rodríguez
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Sanz, durante el homenaje al exalcalde de Villamediana Tomás Santolaya en el 2015. :: justo rodríguez

El alto tribunal reprocha a la juez instructora que no haya aportado indicios incriminatorios suficientes, pero le deja abierta la puerta a continuar con la investigación

CARMEN NEVOT* CNEVOT@DIARIOLARIOJA.COM LOGROÑO.

El Tribunal Supremo ha archivado la causa por un presunto delito urbanístico contra el expresidente regional Pedro Sanz Alonso, al considerar que, según el auto al que ha tenido acceso Diario LA RIOJA, la juez instructora que elevó las diligencias no ha aportado los elementos indispensables para valorar si existen indicios incriminatorios suficientes para abrir un procedimiento penal contra el vicepresidente primero del Senado, por un presunto delito urbanístico.

La Sala de lo Penal reprueba a la juez Rosa Esperanza Sánchez, al frente del Juzgado de Instrucción número 2 de Logroño el pasado mes de mayo cuando elevó el expediente al Supremo, que «quien pretende declinar su propia competencia» no enviara a la Sala una «exposición razonada», sino un auto en el que se exponen los hechos que figuran en la denuncia presentada por el Ayuntamiento de Villamediana de Iregua por un presunto delito contra la ordenación del territorio del que serían autores Pedro Sanz, su mujer y la empresa constructora Foralia.

u26 de julio del 2006
El PSOE reclama al PP explicaciones por la conversión de la caseta de aperos que Sanz posee en Villamediana en chalé.
uOctubre del 2012
Interviú publica un reportaje sobre el chalé de Sanz y la Fiscalía General de Medio Ambiente ordena que se investigue.
u28 de enero del 2013.
La oposición en bloque del Ayuntamiento villametrense solicita al entonces alcalde Tomás Santolaya (PP) abrir una investigación sobre la finca del presidente de La Rioja.
u21 de mayo del 2013
El pleno de Villamediana aprueba el PGM que ordenaba cinco sectores dispersos entre los que se incluye el de la casa de Sanz.
uEnero del 2016
El juzgado imputa al exalcalde por un presunto delito urbanístico.
u20 de octubre del 2016
La titular del Juzgado número 3 amplía la investigación por delito urbanístico al sector donde se emplaza el chalé de Sanz y pide que se declaren como investigados todos los concejales que en el pleno de mayo del 2013 votaron a favor del Plan General Municipal.
u2 de enero del 2017
Cs da por roto el pacto de gobernabilidad en Villamediana y una moción de censura quita la Alcaldía al PP.
u25 de enero del 2017
El nuevo titular del Juzgado número 3, José Carlos Orga, revoca el auto de su antecesora que ordenaba investigar el chalé de Sanz.
u27 de enero del 2017
El Ayuntamiento de Villamediana encabezado ahora por el PSOE recurre el auto de Orga. La Fiscalía anunció que se sumaría al recurso.
u15 de marzo del 2017
Llegan a instancias judiciales tres denuncias. Una está presentada por el concejal de IU en Villamediana Jesús Cámara; otra, por Francisco Ocón, secretario de Organización del PSOE; y otra, por el Ayuntamiento de la localidad. Van dirigidas contra Sanz, su mujer y la empresa Foralia.
u18 de abril del 2017. El titular del Juzgado de Instrucción número 1, Ulpiano González, rechaza la admisión a trámite de las dos denuncias que caen en su poder
las presentadas por Cámara y Ocón.
u15 de mayo del 2017
La juez del Juzgado de Instrucción número 2, Rosa Esperanza Sánchez, estima la tercera de las denuncias, la presentada por el Ayuntamiento, y remite al Senado el caso de Sanz.
u30 de junio del 2017
La Fiscalía del Tribunal Supremo pide que se abra causa penal contra Sanz.

La información remitida, según el Supremo, no sería suficiente para apoyar la imputación. En definitiva, faltarían los elementos «indispensables» para que la Sala pueda decidir la apertura de un procedimiento penal contra Sanz.

La Fiscalía del Supremo pedía en junio que se abriera una causa penal por la ampliación de la vivienda del senador

No obstante, el Supremo deja abierta la puerta a continuar con la investigación. A pesar de que «se impone el archivo de estas actuaciones», apunta el auto del Supremo, la juez -en septiembre ocupó la plaza la titular, Emma Vitoria Marín- puede continuar la instrucción y, una vez practicadas las diligencias que estime pertinentes, «pueda acordar, si lo estima procedente, o elevar exposición razonada ante esta Sala en la que haga constar los indicios concretos existentes de la comisión de hechos constitutivos de delito y de la participación en ellos de quien reúne la condición de aforado o dictar la resolución que proceda en derecho sin elevar a esta sala la exposición citada».

El auto del Supremo tiene su origen en la denuncia presentada el pasado 15 de marzo por el Consistorio villametrense, dirigido por la socialista Ana Belén Martínez, contra el senador Pedro Sanz por un supuesto delito urbanístico cometido, según la denuncia, al ampliar su chalé sin la oportuna licencia y en contra de la normativa municipal.

La juez, tras examinar el contenido de la denuncia, y al ser Pedro Sanz senador -y por tanto aforado, decidió remitir al alto tribunal su caso al entender que los hechos denunciados serían, «provisoria e indiciariamente, constitutivos de un delito contra la ordenación del territorio y urbanismo, cuya instrucción podría corresponder a la Sala Segunda del Tribunal Supremo por ser uno de los partícipes D. Pedro Sanz Alonso, senador y vicepresidente primero del Senado en la actualidad, en calidad de autor junto a su esposa y al constructor al que encomendó la construcción presuntamente ilícita».

En el relato de los hechos, la juez recogía que la licencia de obras solicitada por Sanz era para «el cambio de tejas en mal estado» y para cubrir cuatro metros cuadrados de terraza. Sin embargo, los trabajos consistieron «en la ampliación de la superficie habitable de la primera planta de la vivienda en 23 metros cuadrados, que pasó a albergar un dormitorio, al que extendieron las instalaciones de electricidad y calefacción».

El auto de la juez Rosa Esperanza Sánchez llegó en mayo al Supremo y el 30 de junio la Fiscalía de este tribunal pedía que se abriera causa penal contra el expresidente riojano.

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