Sus señorías retan al ministro

Jueces y fiscales de Logroño, durante la primera concentración que realizaron en el acceso del Palacio de Justicia. :: justo rodríguez/
Jueces y fiscales de Logroño, durante la primera concentración que realizaron en el acceso del Palacio de Justicia. :: justo rodríguez

Garantizar una justicia de calidad, independiente y eficaz y aspectos laborales, reivindicaciones de un paro que secundan todas las asociaciones judicialesJueces y fiscales están llamados hoy a secundar una huelga general de 24 horas

LUIS JAVIER RUIZ

Logroño. El Palacio de Justicia de Logroño -y los del resto de España- vivirán este martes una jornada atípica. Los jueces y fiscales, en el pulso que vienen sosteniendo con el Ministerio de Justicia desde junio del año pasado, han dicho basta. Después de varios avisos previos -materializados en paros parciales de una hora y una concentración en Madrid- que no obtuvieron respuesta del departamento de Rafael Catalá, están convocados hoy a una jornada de huelga de 24 horas.

«Pensamos en el ciudadano, somos garantes de sus derechos y estamos reclamando modificaciones y mejoras en beneficio de ellos. Creemos que tanto el ministro como el CGPJ nos van a escuchar», confía la decana de los jueces de Logroño, María Cecilia de la Iglesia, que si bien recuerda que hay precedentes de paros similares (2008 y 2013) nunca antes se logró tal nivel de respaldo. «Todas las asociaciones de jueces y de fiscales estamos reclamando lo mismo. Muy equivocados no podemos estar», sostiene.

LAS RECLAMACIONES

Jueces
Independencia judicial
Objetivar el nombramiento de altos cargos judiciales en un proceso transparente y con decisión motivada. Suprimir los magistrados designados por los Parlamentos autonómicos.
Para modernizar la Administración de Justicia
Un plan de inversión para incrementar las plantas judicial y fiscal convocando al menos 300 plazas en cada uno de los próximos cuatro años; implantar los tribunales de instancia; crear órganos judiciales para atender el incremento de litigiosidad; dotar de medios personales y materiales adecuados en la lucha contra la corrupción.
Ministerio Fiscal
Reclamaciones
Derogar los plazos máximos de instrucción hasta que se cuente con los medios necesarios al efecto; paralizar la justicia digital hasta el correcto funcionamiento de los programas; reforzar la independencia y autonomía presupuestaria de la Fiscalía.

Desde la óptica de los jueces, tres son los grandes puntos de su argumentario reivindicativo: el refuerzo de la independencia judicial, la modernización de la Administración de Justicia para alcanzar una mayor calidad y eficacia y la mejora de las condiciones profesionales de jueces. Desde la Fiscalía, por su parte, inciden, entre otros temas, en la derogación de los plazos máximos de instrucción hasta que haya medios suficientes o en paralizar la implantación de la justicia digital hasta lograr un correcto funcionamiento del sistema.

De la Iglesia incide en que junto a las reclamaciones laborales -recuperación del nivel salarial perdido en el 2010, medidas de conciliación y fijación de cargas máximas de trabajo- un papel fundamental juega «la independencia de jueces y fiscales, la creación de más órganos y plazas o la mejor dotación material de los juzgados». Además, en referencia al Ministerio Fiscal, destaca la importancia de la supresión de los plazos máximos de instrucción «que limita la investigación a seis meses y que en casos de gran trascendencia es insuficiente» para llegar a juicio.

Sin servicios mínimos establecidos -la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) entiende que no hay norma legal que le atribuya tal función- sí que funcionarán, en todo caso, órganos considerados esenciales. «Siempre que una actuación sea urgente, como una medida cautelar que no admita demora, se tramitará de forma inmediata. En el Registro Civil se atenderán las licencias de enterramiento, la celebración de matrimonios, la inscripción de nacimientos. Y en materia penal no se suspenderán las causas con preso o aquellas que tengan relación con órdenes de protección y medidas cautelares de carácter personal y que no admiten demora alguna», completa la decana.

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