La Rioja, año cero

Monumento dedicado a los alcaldes de la convención de Santa 
Coloma, obra del escultor riojano Miguel Ángel Sáinz. /  S. TERCERO
Monumento dedicado a los alcaldes de la convención de Santa Coloma, obra del escultor riojano Miguel Ángel Sáinz. / S. TERCERO

«Nadie es patria. Todos lo somos» jorge luis borges

JORGE ALACID

Al mejorable ritmo de una cita por semana (con alguna salvedad: ver nota final) avanza en otoño en sus trabajos la comisión del Parlamento encargada de fijar una suerte de año cero para La Rioja: ese nuevo marco social y político que traerá bajo el brazo el alumbramiento del Estatuto de Autonomía, una vez reformado por sus señorías. José Ignacio Ceniceros lo anunció a la vuelta de vacaciones con una sonrisa, mientras invitaba a sus compañeros de escaño a elevar la frecuencia de sus reuniones. Un objetivo que tampoco era tan difícil, puesto que la revisión estatutaria se distinguía por caminar según lo previsto en la célebre canción del verano: despacito. Dicho lo cual, el presidente propinó otra descarga de su querida ducha escocesa: a ese chorro de agua caliente siguió otra dosis de agua fría, cuando se preguntó en voz alta si la reforma del Estatuto figura entre las prioridades de sus administrados riojanos...

Sembrando el desconcierto entre sus propias filas y las rivales, que ignoran la auténtica importancia que concede Ceniceros a una cuestión de semejante calado, el jefe del Gobierno carece de adversario, aunque su confusa estrategia no impide que los parlamentarios comisionados vayan conquistando nuevas parcelas de la ansiada reforma. Porque los diputados se felicitan al unísono por la buena marcha de las discusiones en torno a uno de los capítulos fetiche del nuevo Estatuto: la carta de derechos sociales, donde se sancionará una especie de renovado contrato de ciudadanía, versión riojana. Una adaptación al siglo XXI de aquel primer texto fundacional de la autonomía, ciertamente superado por el paso del tiempo. Un Estatuto, por emplear la descripción que ofrece uno de los diputados consultados, «de tercera generación».

Según las versiones coincidentes, el actual modelo de reuniones semanales debería garantizar el compromiso de que la vigente legislatura sancione el nuevo Estatuto. Pero se trata de una de esas promesas que se hacen sus señorías como quien a la vuelta del veraneo promete frecuentar más el gimnasio: un propósito sometido a la rutina de la agenda política, que cuenta con su propio calendario. Ocurre que el horizonte electoral se acerca: a la vuelta de Navidad quedará poco más de un año de mandato, entrarán las prisas y sus señorías tenderán a ponerse de perfil. Será la hora de la baja política, la que suena si las urnas acechan y queda vetada cualquier posibilidad de grandeza. La reforma hoy inaplazable podrá entonces esperar.

Al menos, ése es el temor que expresa alguno de los comisionados. Aunque de sus reflexiones se deduce que, puesto que el nuevo Estatuto goza de un alto consenso, su reforma podría quedar sustanciada en unos meses. «En realidad», advierte, «el trabajo más complicado ya está hecho». Así que, al menos en teoría, los trabajos podrían quedar culminados a tiempo de enviar el texto consensuado a las Cortes, donde recibirá tratamiento de ley orgánica: del Congreso al Senado y vuelta a la casilla de salida para que, si sus señorías madrileñas tienen a bien agilizar sus tareas, La Rioja disponga de una nueva norma fundamental incluyendo lo antedicho: los renovados derechos. Y, por supuesto, los nuevos deberes.

Deberes y derechos que vinculan a quienes luzcan ocho apellidos riojanos y también a los recién llegados. Una estupenda oportunidad para que quede consignado el imperio de la ley y prevalencia de la justicia, de los derechos humanos y las libertades públicas según el modelo propio de una avanzada democracia al uso occidental. Donde la religión, por ejemplo, evite colonizar como suele el debate público y ahorre espectáculos como los vividos estos días a cuenta de su inclusión en la red escolar. Un Estatuto que contribuya a fortalecer el Estado aconfesional consagrado por la Constitución sería una herramienta adecuada para desbrozar el camino que aguarda a lo largo del siglo XXI.

Lo cual reclamará de sus señorías una disposición al acuerdo que tiene algo de fórmula matemática: para que la reforma obtenga el plácet del Parlamento se precisa el apoyo de cuanto menos tres grupos. Es decir, que PP y Ciudadanos necesitan a PSOE o a Podemos para sacar adelante el nuevo Estatuto, dictamen que admite una segunda variante: en cualquiera de esas ecuaciones, el PP será imprescindible. Requisito que por el contrario no se exige para acabar con la narcosis parlamentaria: la modificación del reglamento de la Cámara. Ese que aplicaba Ceniceros cuando la presidía a mayor gloria de la mayoría absoluta, según el canon de la vieja política. La que nunca creyó ni en el consenso ni en la reforma del Estatuto.

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