Los transportistas riojanos, inquietos ante el anunciado "impuesto francés"

Camiones circulando por la autopista AP-68 en Calahorra. / MARÍA FÉLEZ
Camiones circulando por la autopista AP-68 en Calahorra. / MARÍA FÉLEZ

La medida, que sigue en al aire ya que no ha entrado en vigor con el nuevo año, supondría el pago de 40 euros por camionero

M. J. GONZÁLEZ LOGROÑO.

Todavía está en el aire puesto que no ha entrado en vigor a inicios del 2018, como estaba previsto. Con todo, el Gobierno francés ultima un impuesto de circulación para los camiones que transitan por sus carreteras, incluidos los extranjeros. Este nuevo canon supondría el pago por camionero de 40 euros y generaría una recaudación para las arcas públicas francesas de 550 millones de euros, dinero que se destinaría a pagar la carga administrativa que conlleva para las autoridades francesas controlar que todos los camioneros que circulan por sus carreteras cobran, al menos, el salario mínimo que paga el sector en Francia y, asimismo, disfrutan del descanso semanal sin tener que pernoctar en la cabina de los vehículos, lo que está prohibido en el país vecino. El origen de esta medida radica en la competencia desleal de las empresas del este de Europa, que pagan unos salarios bastante más bajos a sus conductores y ofrecen unas condiciones laborales inferiores a la media europea.

Según el secretario gerente de Atradis, Carlos Díaz, estos controles impuestos en Francia y en otros países del centro de Europa son necesarios puesto que su objetivo es «combatir el 'dumping' social», que es la práctica que consiste en vender un producto por debajo de su precio normal, o incluso por debajo de su coste de producción, con el fin inmediato de ir eliminando a las empresas competidoras y apoderarse finalmente del mercado. Por eso, Francia exige a todos los transportistas profesionales, incluidos los españoles y, por ende, los riojanos, que lleven consigo una documentación en la que, entre otros papeles, «figuran el contrato y su salario». La empresa de transporte, además, tiene que tener designado un representante en Francia para gestionar las posibles incidencias.

Los 40 euros que está en estudio cobrar a los camioneros es un dinero que, explica Díaz, el Gobierno francés destinaría al pago de la tramitación que supone tener en vigor esta medida. En el conjunto del año, las autoridades galas estiman que podrían ingresar anualmente en torno a los 550 millones.

Además, el gerente de Atradis (la asociación de transportes discrecionales perteneciente a la FER) aclara que esta medida «no tiene nada que ver» con la ecotasa o 'euroviñeta' que, por ejemplo, está en vigor en Guipúzcoa en las carreteras N-1 y A-15 y que supone para los transportistas el pago de peajes que oscilan entre los 0,56 céntimos y los 6,89 euros en función de los trayectos que se realicen.

Este tributo tampoco está relacionado con medidas como las establecidas en España para desviar de forma obligatoria la circulación del tráfico pesado de las carreteras nacionales a las autopistas para reducir la siniestralidad vial, caso de la N-232 a la AP-68 en La Rioja, una actuación que estaría afectando a unos 4.000 vehículos y contra la que se posicionó la Confederación Española de Transportes de Mercancías (CETM) en La Rioja, que apostaba por limitarla a los vehículos en tránsito (3.000) y no a los que operan dentro de La Rioja.

Más cargas

Su presidente, Javier Arnedo, critica que «todas las novedades que giran en torno al sector del transporte van enfocadas a gravar la actividad de nuestras empresas» y «no es comprensible cómo al transporte, pese a ser un sector estratégico para el desarrollo de la economía, cada día se le imponen nuevas cargas y más dificultades».

Y es que no son solo los peajes. Las novedades normativas giran, entre otras cuestiones, en torno a nuevas premisas en el amarre de las mercancías, un cada vez «más exhaustivo e interminable» control de documentación o la obligación de notificar el desplazamiento de los conductores a diferentes países de la UE. En definitiva, «se nos dificulta la realización de nuestro trabajo sin contar la enorme carga fiscal que ya soportamos mientras se bonifican con cargo a los Presupuestos Generales del Estado otros modos de transporte menos eficientes como el ferrocarril», concluye Arnedo.

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