El PSOE rechaza la rebaja fiscal de Ceniceros porque «restará dinero a educación y sanidad»

Urquía tacha de «electoralistas» la bajada en el IRPF y la eliminación del impuesto de Patrimonio

LA RIOJA

logroño. El secretario de Economía del PSOE de La Rioja, Vicente Urquía, rechazó ayer la bajada de impuestos anunciada por el Gobierno regional, porque supone «renunciar a tener ingresos para mejorar la sanidad, la educación y los servicios sociales y no aumentar la inversión pública, que crea empleo». Urquía analizó en una rueda de prensa los anuncios sobre una nueva rebaja fiscal, avanzados el pasado 7 de julio por el presidente del Gobierno riojano, José Ignacio Ceniceros, durante el debate sobre el estado de la región.

Ceniceros adelantó la aplicación de una reducción de medio punto en el IRPF para el 2018, la eliminación definitiva del impuesto de Patrimonio y otras deducciones fiscales para el medio rural. El secretario de Economía del PSOE de La Rioja, recordó que todas estas medidas supondrán que el Gobierno regional deje de ingresar 10,7 millones de euros el próximo año.

«Mejor los que más tienen»

Vicente Urquía

Esta propuesta fiscal favorece «a los que más tienen», no es progresiva y solo beneficia a los votantes del PP, criticó. A su juicio, la bonificación del IRPF apenas supondrá un ahorro medio de 31 euros anuales a cada riojano, mientras que las medidas fiscales para el medio rural apenas ascienden a 500.000 euros. Asimismo censuró que la eliminación del impuesto de Patrimonio beneficiará solo a 2.000 riojanos, que dejarán de abonar a las arcas públicas 8 millones de euros, lo que supone el 75% del total previsto de ahorro.

El representante socialista aseguró que «cuando el PP no tiene propuestas suele salir con anuncios de medidas fiscales», que en su opinión, podría haber incluido en los presupuestos regionales aprobados hace apenas tres meses. Por ello, cuestionó la «falta de rigor y seriedad» del Gobierno riojano, al anunciar estas medidas fiscales «populistas y electoralistas».

Urquía argumentó también que esos más de 10 millones que no se van a ingresar suponen un tercio del presupuesto anual destinado a política industrial, que asciende a 30 millones de euros, mientras que la partida regional para el gasto en justicia es de 15 millones.

En su opinión, es necesario incrementar la presión fiscal, ya que España es uno de los países europeos que la tiene más baja, para poder dedicar más recursos a contratación en sanidad, bajar la ratio por aula en educación y subir el sueldo a los empleados públicos. También sugirió que se aumente el gasto público en I+D+i y en reducir la deuda de la región.

Por último, emplazó a Ciudadanos (C's) a «estar a la altura» en este asunto, ya que este partido suele pedir que se incrementen las políticas de gasto público.

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