¿PROHIBIR EL GLIFOSATO?

JUAN QUINTANA LA TRILLA

El glifosato es el principio activo que forma parte de la composición de muchos herbicidas comerciales. Un informe de la Organización Mundial de la Salud lo clasificó como probablemente cancerígeno. En consecuencia la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos revisaron la evaluación científica del mismo concluyendo que no hay evidencia de que pueda ser cancerígeno.

La Comisión Europea, ante la presión del Parlamento Europeo, plantea reducir la autorización a 10 años, en vez de 15. Una solución salomónica que no contenta a nadie. O es inseguro, en cuyo caso habría que prohibirlo, o si es seguro tal como garantizan los organismos científicos, ¿por qué no se le da la prórroga establecida y se evitan confusiones?

En este contexto, la consultora internacional Price Waterhouse Cooper acaba de hacer público un estudio promovido por la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas (AEPLA) en el que llega a conclusiones de alto calado. La no renovación del glifosato en España podría suponer un impacto económico negativo de cerca de 2.100 millones de euros y la pérdida de 5.000 empleos. Para entender esta cifra y valorar la magnitud del problema, hay que tener en cuenta que la producción de cultivos en los que se utiliza glifosato en España asciende a casi 19 millones de toneladas y 5.900 millones de euros. A ello hay que añadir que en caso de prohibición no hay alternativas igual de efectivas en el mercado. Por ello, los costes de producción sin el uso de glifosato aumentarían en torno al 9%, suponiendo un alza del 18% en el caso de los cereales. En concreto, uno de los modelos agrarios que quedaría destruido es el de la agricultura de conservación, que necesita un uso sostenible de herbicidas para compensar un sistema de producción cuyo objetivo es preservar los suelos, evitar la erosión y reducir las emisiones de CO2, a través de la reducción de labores agrícolas.

Más allá del sector agrario, la caída de la producción desequilibraría la balanza comercial en 650 millones de euros. La causa de todo ello es, en gran medida, consecuencia de la importante reducción de la producción agrícola, que tendría impacto directo en otros sectores satélite.

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