El programa de ayudas al alquiler prevé repartir 2,5 millones entre 1.800 familias

Antes del día 11 de octubre, fecha en que se cerrará el plazo de presentación de solicitudes, los interesados deberán justificar ante la Administración regional que cumplen unos requisitos entre los que, por primera vez, se incluye la demostración de unos ingresos mínimos. «No tiene sentido conceder ayudas de forma indiscriminada y es lógico exigir un ingreso mínimo ya que, en caso de no existir, estaríamos hablando de otras necesidades», dijo Cuevas.

Así, para poder acceder a las ayudas, además de demostrar ingresos inferiores a tres veces el IPREM (22.365 euros anuales), los beneficiarios tendrán que justificar que dedican más del 25% de su renta al pago de un alquiler que no superará los 450 euros. La ayuda será, como máximo, del 40% del importe de la renta anual con un tope de 2.160 euros al año (180 euros mensuales). Durante el año pasado el Ejecutivo atendió 2.171 solicitudes (2,98 millones de euros) y desde la puesta en marcha del programa han sido más de 4.000 los inquilinos que han recibido ayudas por un importe total próximo a los 6 millones de euros.

Además, según reseñó el consejero, «las ayudas tienen como destinatarios principales a las familias con más necesidades y a colectivos prioritarios, caso de familias numerosas o monoparentales con hijos, dependientes, discapacitados, afectados por desahucios o víctimas de la violencia de género». Los beneficiarios disfrutarán de la ayuda durante doce meses que podrán renovar (presentando la documentación exigida en posteriores convocatorias) en dos ocasiones más.

«El reto es que no haya ningún residente en La Rioja que no pueda hacer efectivo ese derecho a disfrutar de una vivienda digna», reiteró Cuevas antes de recordar que, en línea con la convocatoria que se publicará mañana en el Boletín Oficial de La Rioja, el Ejecutivo autonómico mantiene activas políticas sociales vinculadas a la vivienda como el servicio de mediación en caso de desahucios que «desde el 2013 ha evitado que 800 familias se quedaran en la calle», la bolsa de alquiler autonómica, las ayudas de arrendamientos especiales o las que se otorgan a las ONG para casos de emergencia, entre otras.