Presentada en La Rioja la primera demanda contra el cártel de camiones

La Comisión Europea sancionó a varios fabricantes de vehículos al constatar la existencia de acuerdos para fijar los precios

LA RIOJA

logroño. El litigio contra los fabricantes que formaron el cártel de camiones, que fueron sancionados por pactar precios de venta de sus vehículos, no ha hecho más que empezar. En La Rioja, uno de los afectados acaba de presentar, a través del despacho de abogados Sergio Gil Gibernau, socio de Hispajuris, la primera demanda contra la compañía IVECO. A partir de esta, se espera que se sucedan más en La Rioja a lo largo de los próximos días.

El 19 de julio del 2016 la Comisión Europea publicó que varias sociedades fabricantes de camiones habían cometido entre los años 1997 y 2011 una serie de conductas ilegales al constatarse la existencia de acuerdos y prácticas concertadas para la fijación de los precios de los camiones.

Entonces, sancionó a los fabricantes MAN, Volvo, Renault, Daimler, Iveco y DAF por infringir el artículo 101 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea y el artículo 53 del acuerdo EEE, que prohíbe cárteles y otras prácticas restrictivas de la libre competencia, con una multa récord de 2.930 millones de euros.

Ahora, mediante estas demandas, aquellos que compraron sus vehículos en las fechas indicadas reclaman la indemnización por el sobreprecio pagado de más que oscila en torno al 15% del valor de adquisición.

Según Sergio Gil-Gibernau, director del despacho riojano, la presentación de la demanda «supone un hito, resultado de muchos meses de trabajo elaborando la demanda y el informe pericial». En su opinión, «éste es el primer paso a las cientos de demandas que se sucederán en los próximos meses ya que la firma Hispajuris representa los intereses de más de 9.000 vehículos adquiridos durante la vigencia del cártel». También se muestra confiado en «obtener un resultado positivo que permita resarcir a los afectados de los perjuicios sufridos». Las demandas van traducidas al alemán, italiano, holandés, francés o sueco, según el fabricante demandado, y se acompañan de un informe pericial que viene a cuantificar el perjuicio económico sufrido.

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