La Plataforma por la Gratuidad del Parking del San Pedro pide nuevos datos

Representantes de la Plataforma, ayer ante la Consejería. :: díaz uriel/
Representantes de la Plataforma, ayer ante la Consejería. :: díaz uriel

La organización cree que Salud «sigue regalando» dinero a la concesionaria del aparcamiento del CIBIR y propone anular el contrato con la empresa

E. SÁENZ

logroño. La Plataforma por la Gratuidad del Parking del San Pedro registró ayer una petición formal ante la Consejería de Salud para conocer las actas de la reuniones mantenidas entre la empresa 'Aparcamientos CIBIR' y el Gobierno de La Rioja desde el 9 de mayo del año pasado. El portavoz del colectivo, Iván Reinares, justificó la solicitud en la convicción de que la Consejería «sigue regalando» dinero a sus «amiguetes» de la concesionaria después de que hasta ahora, y de acuerdo con sus cálculos, se le haya abonado 5,4 millones para compensar la baja ocupación a los que se sumarían otros 650.000 euros contemplados en los Presupuestos del 2018. La Plataforma entiende que la situación resulta especialmente sangrante en vista de que la deuda de la Comunidad supera los 1.500 millones. Para su compañera Yolanda Díez, la comisión de investigación del Parlamento que analiza el caso «ha dejado sin aclarar muchas cosas» por el oscurantismo mostrado por buena parte de los comparecientes y «actitudes chulescas» como la del exconsejero de Salud José Ignacio Nieto. En este contexto y en vista de que el acuerdo transitorio entre las partes concluye el próximo abril, instó a la Consejería a anular el contrato.

Interrogada al respecto, la consejera del ramo se mostró renuente a adelantar si así será. «Cuando llegue el momento y dispongamos de toda la información, se tomará la decisión que sea más conveniente para La Rioja», zanjó María Martín para opinar que la cuestión del parking del CIBIR «no da para mucho más». «El Tribunal de Cuentas, la Fiscalía, la comisión de investigación y todos los controles han dicho que no hay ninguna irregularidad», afirmó al tiempo que justificó la compensación a la concesionaria en «el cumplimiento de la garantía jurídica».

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