La Plataforma de afectados llevará al Tribunal Constitucional el veto de camiones en la N-232

Varios operarios colocan los carteles que alertan del veto de los camiones en noviembre pasado, poco antes de que entrara en vigor la medida de Fomento. :: / Justo Rodriguez

Los perjudicados por el desvío creen que hay «claros indicios de inconstitucionalidad» al impedirse el libre tránsito de personas y mercancías por una vía pública

Carmen Nevot
CARMEN NEVOTLogroño

La Plataforma de afectados por el desvío de camiones de la N-232 ha iniciado los trámites para recurrir ante el Tribunal Constitucional el traspaso obligatorio de la circulación de vehículos de cuatro ejes o más a la AP-68. Así lo anunció ayer a este diario Eduardo Losada, portavoz del colectivo de damnificados.

El Gobierno de La Rioja y los ministerios de Fomento e Interior firmaron un convenio que hizo posible que la prohibición de circular por la carretera nacional entrara en vigor el pasado 2 de diciembre. Una medida que, «dado su elevado coste» -sostienen desde la Plataforma- bonifican en un 75% entre las dos administraciones, autonómica y central. La primera se hace cargo del 60% y el Ministerio de Fomento, del 40% restante.

La parte no bonificada recae directamente sobre los transportistas, que pagan entre 5,7 euros (aquellos que realizan recorridos internos y llevan VIA-T) y 8,3 euros (los que estén de paso y los que circulan internamente sin el dispositivo).

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La Plataforma, apunta Losada, considera que «existen claros indicios de inconstitucionalidad» en esta restricción, puesto que se «impide la libre circulación de mercancías y personas por una vía pública». No es el único argumento. Entienden, además, que la medida «atenta» contra la viabilidad de los negocios que se levantan a pie de la carretera, porque «impiden el acceso de sus clientes e imposibilitan que puedan trasladar sus instalaciones a la autopista».

«El carácter obligatorio de esta restricción, sumado a la existencia de un coste para todos aquellos vehículos que han de transitar por la AP-68 en concepto de peaje, podría ser determinante para que este tribunal apreciara indicios de ilegalidad en la restricción», afirma.

Acudir al Constitucional es el último recurso del colectivo después de haber mantenido numerosas reuniones con diferentes administraciones encaminadas a que se flexibilice la normativa. En la práctica, reclaman que se permita a los transportistas abandonar la autopista para repostar y comer en la N-232 y que puedan regresar a la AP-68 por el siguiente peaje en el sentido de la marcha. Ante la falta de avances y de respuesta a sus peticiones se han visto «obligados a iniciar este procedimiento judicial», explica.

Si bien celebran que desde la puesta en marcha de la restricción no se hayan producido accidentes con víctimas mortales en la N-232, creen que una flexibilización de la norma sería compatible con el descenso de la siniestralidad en la N-232, que es, precisamente, el objetivo que se perseguía con la medida. De esta forma, «sería posible mantener la viabilidad de los negocios existentes en la carretera».

Por último, la Plataforma insiste en que el desvío ha tenido un efecto colateral en varias localidades riojanas porque «el escaso número de accesos a la AP-68 en un trayecto de 150 kilómetros provoca graves problemas de comunicación y acceso a un buen número de poblaciones, ya que esta medida restringe el acceso a la N-232, única vía vertebradora de nuestra comunidad autónoma, algo que ya pusieron de manifiesto numerosos alcaldes semanas atrás».

Catorce ayuntamientos

Se refiere Losada al manifiesto que firmaron catorce ayuntamientos, ocho de ellos del PP, en el que si bien «anteponen la seguridad vial en todas las carreteras», se oponían «rotundamente» a la restricción de ciertos vehículos por la N-232 y la N-124.

Se trataba de los consistorios de Alfaro, Ausejo, Briones, Cenicero, El Villar de Arnedo, Rincón de Soto, Tudelilla (todos del PP), Alcanadre, San Asensio, Hormilleja y Uruñuela, en La Rioja, además de los alaveses Elciego, Zambrana y Baños de Ebro (éste último también Popular).

El desvío también fue ampliamente contestado por las asociaciones del transporte. En concreto, todas las divisiones de transporte pertenecientes a la Confederación Española de Transportes de Mercancías (CETM) y otras 27 organizaciones del sector de todo el país suscribieron un documento en el que rechazaron la medida y denunciaron la escasa inversión pública en las carreteras españolas.

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