Piden tres años de cárcel para un promotor que no terminó las viviendas que ya había vendido

Urbanización Las Encinas, ubicada en el municipio de Lardero. :: miguel herreros/
Urbanización Las Encinas, ubicada en el municipio de Lardero. :: miguel herreros

La Fiscalía reclama para el arquitecto año y medio de prisión como cooperador necesario y que entre los dos acusados indemnicen a los 26 propietarios con 421.849,53 euros

C.N. LOGROÑO.

La Fiscalía solicita tres años de cárcel y el pago de una multa de 13.500 euros para un promotor inmobiliario que no terminó de ejecutar ninguno de los inmuebles de la urbanización Las Encinas, en Lardero, que ya había vendido a 26 clientes y fueron ellos mismos quienes, según detalla el escrito de acusación pública, «tuvieron que acabar sus viviendas a costa de mayores gastos».

En el mismo procedimiento, el fiscal reclama para el arquitecto, como cooperador necesario, una multa de 1.800 euros y 18 meses de cárcel, y que entre ambos acusados, a quienes les imputa un delito de estafa cualificado al recaer sobre viviendas y por revestir especial gravedad, indemnicen con 421.849,53 euros a los propietarios. Una cantidad que se distribuirá en función del coeficiente de participación que tengan en la mencionada urbanización.

El relato de los hechos que, salvo conformidad, serán juzgados desde hoy y hasta el próximo miércoles en la Audiencia Provincial de Logroño, se remonta a mayo del 2000 cuando la mercantil 'Promociones Valdemadera S.L.' representada por uno de los acusados, que era su administrador solidario, adquirió los solares de Lardero donde tenía previsto levantar una promoción de 26 viviendas, con sus garajes y trasteros, que denominaría urbanización Las Encinas. Las obras se ejecutarían conforme al proyecto que había redactado el otro acusado, de profesión arquitecto.

La actuación constaba de dos fases y para su ejecución, la promotora solicitó dos préstamos por importe de 901.518,16 euros uno y 270.455,45 euros el segundo. Ese mismo año, la mercantil, «representada en todos los casos» por uno de los acusados, incide la Fiscalía, realizó contratos privados de compraventa con los compradores que se subrogaban en el préstamo hipotecario de la vendedora.

El 4 de febrero del 2004, 'Promociones Valdemadera', añade el escrito del fiscal, remitió una carta a los 26 compradores de las viviendas que estaban construyendo en la que se les convocaba a una reunión. En el citado encuentro se les informó de que habían abandonado la obra ante la «imposibilidad de continuar con la promoción» y para evitar el embargo por las deudas que tenía la promotora, los propietarios elevaron a escritura pública los contratos privados de compraventa.

Las certificaciones de obra realizadas por el arquitecto -el otro acusado en este procedimiento- «habían servido de base para la disposición del préstamo hipotecario, otorgado por las entidades de crédito». Pero, según el fiscal, el promotor acusado había indicado al arquitecto «que no hiciera una medición exacta sino que hiciera la certificación por el método de a buena vista». La finalidad, añade, «era la obtención de mayor liquidez para la mercantil». Y así lo hizo, «resultando que los porcentajes que se validaban eran superiores a las obras efectivamente ejecutadas llegando a certificarse obras que no se habían realizado o concluido».

Al final, la certificación de más realizada por uno de los acusados a instancias del otro ascendía a casi el 16% de la promoción, lo que se corresponde con la cantidad de 421.849,53 euros.

Otra empresa constructora continuó la obra abandonada por 'Promociones Valdemadera' y el mismo acusado, al arquitecto, realizó las certificaciones de obra -nueve en total- de la nueva empresa por 931.568,76 euros, una cantidad que abonaron los compradores.

'Promociones Valdemadera' presentó expediente de suspensión de pagos en julio del 2003 y en abril del 2004 un juzgado de Logroño declaró el estado legal de quiebra, una calificación que fue declarada fraudulenta por otro juzgado poco después.

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