El Parlamento da luz verde a tramitar una Ley que blindará la gratuidad de los libros de texto

El presidente del Gobierno, ayer accediendo a su escaño junto otros diputados de su grupo, entre ellos, la alcaldesa de Alfaro. :: díaz uriel/
El presidente del Gobierno, ayer accediendo a su escaño junto otros diputados de su grupo, entre ellos, la alcaldesa de Alfaro. :: díaz uriel

Los grupos apoyan, con matizaciones, la iniciativa de Cs para articular el sistema el próximo curso y que pueda estar en marcha en el del 2019

TERI SÁENZ LOGROÑO.

El pleno del Parlamento regional aprobó ayer por unanimidad la toma en consideración de la proposición de Ley de gratuidad de los libros de texto y el material curricular firmada por Cs y que, como explicó su portavoz, Diego Ubis, persigue anclar las bases de un procedimiento que no pueda ser alterado arbitrariamente en el futuro por vaivenes políticos o cambios en el Palacete. Como acostumbra el hemiciclo, el consenso entre los grupos no fue sinónimo de igualdad de pareceres, empezando por la inclusión de la iniciativa en un orden del día que no la tenía prevista. Con carácter previo al inicio de la sesión, Cs solicitó un cambio de guión que apoyó el resto de la oposición en aras a la agilización y el PP rechazó al entender que no procedía.

Afeando como prólogo la «falta de cortesía parlamentaria» por parte de los populares, Ubis justificó la premura en el afán de que el sistema de ayudas quede articulado el próximo curso de forma que el siguiente esté operativo en cada centro un banco de libros y un sistema de préstamo gestionado por los consejos escolares y sufragado con los 6,5 millones recogidos a tal efecto en los Presupuestos que Cs apoyó con esta condición. Y todo ello entendiendo que los libros de texto «no pueden considerarse un artículo de lujo, sino parte de los contenidos educativos», aportando además a su entender mayor eficiencia y con la vista puesta en una plataforma educativa digital. «Un cambio de paradigma que tienda a la igualdad real», resumió insistiendo en que es el Gobierno de La Rioja quien tiene la responsabilidad ejecutiva de ponerlo en marcha para beneficiar a más de 38.000 alumnos riojanos de Primaria, Secundaria, FP Básica y Educación Especial.

Podemos fijó su posición recalcando como premisa la defensa de la educación como prioridad, adelantando que en la tramitación presentará múltiples enmiendas para hacerla «más justa». O en palabras de Ana Carmen Sainz, defender la escuela pública frente a la concertada. «Cualquier educación que se imparta con tintes ideológicos o religiosos debe limitarse a lo privado y no ser sostenida con fondos de todos», opinó advirtiendo de otra virtualidad: la que generará el uso obligatorio a medio plazo de tablets y otras tecnologías a las que la «infradotada» escuela pública tendrá más dificultades de acceso.

Garrido: «Esta proposición de Ley no es la del PP, porque no nos gusta la política del gratis total»

También el PSOE mostró su apoyo a la iniciativa de Cs instando a hacer valer un sistema de ayudas en función de la renta. En su caso, y como explicó Emilia Fernández, con el propósito de restaurar el sistema de gratuidad que el PP «se cargó» en el 2012 y dado que las actuales ayudas del Gobierno de La Rioja «son insuficientes». Subrayando que su partido ha abanderado históricamente la garantía de la igualdad de oportunidades en educación, alentó a que el modelo se enmarque en un pacto regional, que debería sumar temas como el transporte o el comedor, y con la participación obligada de la comunidad educativa.

Desde el Grupo Popular, Jesús Ángel Garrido negó las acusaciones de inicio de Ubis en una patente escalada, replicada a lo largo del resto del pleno, de las diferencias entre las formaciones que suscribieron al emprender la legislatura un pacto de gobernabilidad. «En vez de correr ahora, ¿no hubiera sido mejor hacerlo para haber tenido Presupuestos el 1 de enero», se preguntó de entrada para reconocer que «esta proposición de Ley no es la nuestra, porque no nos gusta la política del gratis total». «Sin precios se diluyen los incentivos para un uso responsable de las cosas», apuntó sin olvidar la «carga extra de trabajo» que el modelo supondrá para los centros educativos de La Rioja.

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