Oposición parlamentaria y colectivos LGTBI+ confían en mejorar aún más el texto

PSOE, Podemos y Cs y Marea Arcoíris, Gylda y Chrysallis celebran el paso dado en La Rioja

Javier Campos
JAVIER CAMPOSLogroño

Un 'día histórico' para unos... un 'paso más' que debería haberse dado hace años para otros. La toma en consideración de la 'ley trans' de La Rioja ha sido celebrada tanto por los grupos de la oposición -PSOE, Podemos y Cs- como por los colectivos LGTBI+ implicados -Marea Arcoíris, Gylda y la asociación de familias de menores transexuales Chrysallis-, que han criticado, en mayor o menor medida, la abstención del PP, y han mostrado su confianza en mejorar aún más el texto definitivo.

La ley, a la que ahora le queda una larga tramitación -podría llegar a un año, según los propios agentes-, tiene por objeto establecer un marco normativo adecuado para garantizar el derecho a la autodeterminación de género de todos los riojanos, a través de principios, medidas y procedimientos, así como las actuaciones necesarias que para hacerlo efectivo corresponden a la Administración riojana.

«No todas las personas viven la transexualidad igual y esa diversidad debe tenerse en cuenta» José Sáenz | Presidente de Gylda

«Se trata de garantizar el derecho de las personas cuya identidad de género no coincide con el sexo asignado al nacer a recibir una atención integral y adecuada a sus necesidades en igualdad de condiciones que el resto... es cuestión de voluntad política, no de ideología», explica desde Gylda, José Sáenz, quien destaca que, además, debe hacerse partiendo de la base de que no todas las personas viven la transexualidad de la misma forma y la ley «debe ser sensible a esa diversidad».

«La voz de los menores, el colectivo más vulnerable, va mucho más allá de lo que digan sus padres» Álvaro Villar | Portavoz de Marea Arcoíris

Desde Marea Arcoíris, su portavoz, Álvaro Villar, valora todo lo relativo a los menores y, como 'peros', cita el aspecto binario de la ley -hombre o mujer, cuando hay otras realidades- o el régimen sancionador de la misma -estando el Código Penal-. Al mismo tiempo, exige que sea lo público quien asuma tratamientos, análisis y estudios.

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