Los negocios de la N-232 reclaman que se permita compatibilizar autopista y carretera

Miembros de la plataforma recién constituida y propietarios de negocios, ayer tras la rueda de prensa. :: MIGUEL HERREROS/
Miembros de la plataforma recién constituida y propietarios de negocios, ayer tras la rueda de prensa. :: MIGUEL HERREROS

Los afectados, que se agrupan en una plataforma, denuncian el «dictatorial» convenio firmado por el Gobierno de La Rioja con Fomento

A. GIL LOGROÑO.

La plataforma de afectados por el desvío obligatorio de la N-232 a la AP-68 a su paso por La Rioja reclama al Gobierno regional que rectifique y permita, cuando menos, la entrada y salida del tráfico pesado para avituallamiento, repostaje y descanso: «Somos los primeros interesados en reducir los accidentes de la N-232, pero las medidas que se han tomado son dictatoriales y arbitrarias y en ningún momento han tenido en cuenta las consecuencias», aseguró ayer Rosana Castresana en representación del colectivo.

La plataforma, que ha agrupado en tiempo récord a buena parte de los negocios (hostelería, alojamientos, talleres, repuestos...) que viven del tráfico en el entorno de la N-232, cifró en 400 empleos directos el riesgo que se asume con el desvío obligatorio y alertaron de que mucho tráfico pesado ha optado ya por otros tránsitos alternativos: «A lo que conduce la decisión que se ha tomado es la desertización de la N-232, al empobrecimiento de los pueblos riojanos y al cierre de los negocios de carretera, después además de diez años de crisis económica».

LAS CIFRAS

400
empleos directos están en juego por la caída de los ingresos de los negocios que viven del tráfico pesado de la N-232.
millones de euros
pagó el Gobierno riojano en el 2017 por las gratuidades y bonificaciones de peajes.
1.800
vehículos pesados diarios están utilizando la autopista desde que el pasado 2 de diciembre entró en vigor el desvío obligatorio.

Rosana Castresana insistió en que no se oponen a que se tomen medidas en favor de la seguridad como la bonificación de peajes, pero apuestan porque el desvío del tráfico pesado sea voluntario: «Ni el firme de la AP-68 está preparado ni tampoco cuenta con infraestructura para atender a los transportistas».

LAS FRASESRosana Castresana Restaurante San Chicón «La decisión conduce al empobrecimiento de los pueblos riojanos» Julián Escalada Área Calahorra «Pagamos los riojanos cuando la N-232 es una competencia del Estado» José Luis Lozano Restaurante Hernani 2 «Se puede reducir la siniestralidad con una mayor flexibilidad»La plataforma cuestiona que la Guardia Civil trabaje en beneficio de una empresa privada

Dinero público

Los representantes de la plataforma dejaron claro que apoyan la liberación de la AP-68 y la libre circulación por ambas vías, pero también quisieron poner de manifiesto que la financiación del desvío del tráfico pesado de forma obligatoria hacia la AP-68 es, tal y como se ha planteado, «absolutamente injusta» con el conjunto de los riojanos: «Lo pagamos todos cuando la N-232 es competencia del Estado y, por tanto, debería ser éste el que asuma el coste en todo caso y no el Gobierno riojano», afirmó Julián Escalada.

En este sentido, Escalada quiso matizar que el ejemplo que habitualmente se utiliza para comparar con el caso riojano, el desvío en la N-II a La Junquera, no es equiparable: «Primero, porque allí el competente sobre las carreteras es el Gobierno de Cataluña y paga sólo un 50%, mientras que aquí, sin ser competente, nuestro Gobierno asume el 60%». «En segundo, porque es un tramo que dirige a la frontera de 60 kilómetros, que no recorre una región entera como la nuestra, y, en tercero, porque las salidas y entradas para los transportistas están abiertas».

La plataforma de afectados insistió en que las medidas para reducir la siniestralidad son compatibles con una mayor flexibilidad y lamenta que se hayan tomado las decisiones sin consultar a los afectados: «En el AP-15, entre Tudela y Navarra, no es obligatorio tomar la autopista, pero se rebajaron los peajes y la gente la utiliza de forma combinada con la nacional y, por supuesto, de forma voluntaria», explicó José Luis Lozano, otro de los afectados. Asimismo, el colectivo cuestiona la utilización de los Cuerpos de Seguridad del Estado para sancionar a los conductores, ya que «en realidad están trabajando por el beneficio de una empresa privada como es la concesionaria de la autopista».

Los representantes de la plataforma insistieron, por último, en la falta de lógica del acuerdo tomado por el Gobierno La Rioja con el Ministerio de Fomento: «Pagamos los riojanos con nuestros impuestos la bonificación de la autopista a todo tipo de vehículos, sean de donde sean, para que el negocio se vaya a otros comunidades vecinas, ya que la realidad es que el tráfico pesado aprovecha los establecimientos del principio y del final del trayecto bonificado para hacer los gastos de repostaje u hostelería».

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