Los libreros exigen que se prohiba a los colegios vender libros como compensación a la gratuidad

El presidente de la asociación de libreros (de azul, en el centro) antes de su comparecencia. :: / L.R.

El presidente de la asociación de librerías recuerda que la vuelta al cole supone el 40% de sus ventas y que podrían perder hasta tres cuartas partes de esos ingresos

LUIS JAVIER RUIZ LOGROÑO.

En la Asociación de libreros de La Rioja son conscientes de que antes o después la gratuidad de libros regresará a las aulas riojanas. Para ellos supondrá un mordisco importante, muy importante, en su facturación anual. Teniendo en cuenta que la campaña de la vuelta al cole les deja en la caja el 40% de las ventas del ejercicio, Antonio Domínguez, presidente de la entidad, asegura que en cada ciclo de cuatro años (vida estimada de los libros que sufragarán las arcas públicas), encadenarán tres perdiendo el 25, el 50 y el 75% de sus ganancias. «No es algo menor para un sector del que dependen 200 familias riojanas. Es una decisión política y si los libros están encima de los pupitres de manera gratuita, no tenemos nada que decir», asumió ayer en su intervención en la Comisión de Educación, Formación y Empleo del Parlamento de La Rioja que busca las voces de los expertos para activar el sistema.

En todo caso, a expensas de que se concrete cómo se articulará esa gratuidad (Domínguez defendió un sistema por el que los centros entreguen un documento a los padres para que retiren los libros y que luego las librerías facturen a la administración) y del calendario de implantación (en la comparecencia se asumió que se abordará en cuatro años), el presidente de los libreros no sólo reclamó que se compense al sector, sino que propuso cómo: «Haciendo cumplir la ley. El Código de Comercio fija que es competencia desleal una influencia indebida que coarte la libertad del comprador», algo que, a su juicio, sucede en once centros concertados. «Aprovechan su posición de influencia y venden libros, material deportivo... Los padres, además, tienen derecho a que no se les ponga en esa situación ya que tienen que decir que no le van a comprar los libros a quien le pone las notas a sus hijos. No te obligan a comprarlos, pero si no los quieres tienes que ir a decírselo expresamente», completó el portavoz de los libreros que sostuvo que los centros buscan «el 15% de beneficio que se puede lograr con los libros».

Domínguez hizo especial hincapié en esta cuestión, acusando a los centros del manejo de información privilegiada y a la utilización de los menores para hacer llegar la oferta a los padres -«algo prohibido por la ley»-, ya que esas ventas en los centros hacen que «750.000 euros se estén vendiendo fuera del sector de las librerías. Si se prohibe hacer estas ventas, de alguna manera estaríamos logrando que los libros se vendan donde se tienen que vender, en los sitios oficiales».

A preguntas de los diputados, Domínguez también reflexionó sobre las ventajas y desventajas del papel frente a lo digital. «Un libro nos cuesta, digamos, 40 euros, y lo usan 4 niños en 4 años. Una licencia de ese material para una tablet cuesta 25 euros, se activa el 1 de septiembre y se apaga el 30 de junio. Si el alumno repite, hay que volver a pagar la licencia», informó a la comisión antes de recordar que en Calahorra, donde varios centros apostaron en su momento por trabajar sólo con dispositivos digitales, el papel ha vuelto. «Los resultados académicos han sido nefastos. De tres centros bilingües y digitales hemos pasado a uno bilingüe y digital. Los demás han recuperado el papel y en castellano», dijo.

Además recordó que «no todos los libros serán gratuitos» y que las familias tienen que adquirir cuadernillos de ejercicios (no reutilizables) que pueden exigir un desembolso de 100 euros por lo que «habría que mantener algún tipo de ayudas».

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