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El profesor de Derecho Penal Sergio Pérez, en el Edificio Quintiliano de la UR. :: Juan Marín
«Legisladores y juristas tienen que evadirse de la dimensión mediática de algunos juicios y crímenes»

«Legisladores y juristas tienen que evadirse de la dimensión mediática de algunos juicios y crímenes»

«El encaje de postulados radicales o penas extremas es muy complicado en nuestro sistema penal», advierte el experto Sergio Pérez Profesor de Derecho Penal en la UR

ROBERTO GONZÁLEZ LASTRA

LOGROÑO.

Jueves, 1 de febrero 2018, 10:19

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Recogida de firmas contra la derogación de la prisión permanente revisable, clamor a favor del endurecimiento de penas... Ajeno al ruido mediático y social, Sergio Pérez González (Logroño, 1976), profesor de Derecho Penal de la UR, pone, con la ley en la mano, los puntos sobre las íes.

- Recientes juicios y delitos muy mediáticos han puesto sobre la mesa viejos debates sobre revisiones y actualizaciones de penas.

- Es necesario recalcar que hay conductas con las que convivimos que son reprobables desde todos los puntos de vista, pero otra cosa es cómo tenga que caer eso en el Derecho Penal, que tiene que aplicar tratamientos y penas más o menos proporcionales, racionales y equilibrados.

LAS FRASES «El Código Penal es severo y un aumento desreferenciado de penas tiene muy mal encaje constitucional» «No sé si hay que cuestionar el sistema porque Junqueras esté en prisión preventiva; deberíamos hacerlo porque como él hay 10.000»

- ¿Legisladores y juristas deben huir de esos debates en caliente?

- Sí, claro. Algunos crímenes y juicios tienen una dimensión mediática que cuando caen en el terreno jurídico incorpora un peligro del que los juristas, tanto los aplicadores como los creadores de la norma, tienen que evadirse. Esa dimensión mediática es muy probablemente la única que trasciende, pero la rutina del delito en este país es mucho menos morbosa y la rutina del tratamiento jurídico del delito pasa por delitos leves y perfiles criminales que sí que son susceptibles de ser reconducidas a través de la resocialización de esos sujetos, pero al margen de estos debates mediáticos.

- ¿Entiende las exigencias de víctimas y familiares? ¿Hay que respetarlas pero no atenderlas?

- Es verdad que la esencia del Derecho Penal pasa por eso, por quitarle a la víctima u ofendido la capacidad o casi la necesidad visceral de responder o vengarse, lo que no evita que cada vez haya más autores que abogan por la victimología y que otra parte de la doctrina defienda incluir mecanismos de mediación en protocolos penales. Esto significa que el papel de la víctima o del ofendido cada vez tenga que ser más central en las soluciones penales. Los resquicios que actualmente deja nuestro Código Penal para esto son mínimos, pero están en expansión.

- La figura de la prisión permanente revisable mantiene divididos a nuestros políticos y a la propia sociedad española.

- La prisión permanente revisable tiene un encaje dudoso en nuestro marco jurídico y, de hecho, si tiene un encaje constitucional lo es a partir de ese adjetivo de revisable. Si la prisión permanente revisable fuese sólo prisión permanente no sería constitucional porque directamente contradiría el artículo 25 de nuestra Constitución que prescribe la resocialización. El fundamento que tiene la prisión permanente revisable es doble: por un lado incorpora la necesidad de reprobar una conducta, y esto manda a una persona 25 años a la cárcel; pero por otro, también incorpora esa posibilidad de resocializarla a través de una revisión. Hasta qué punto eso puede ser compaginable en una misma figura es polémico.

- En otros países existe la cadena perpetua e incluso en algunos la pena de muerte, pero parece que esas medidas extremas tampoco han sido una solución.

- Claro. Cuando pensamos en esas medidas estamos pensando criminológicamente en unos sujetos que es imposible que se vuelvan a reinsertar en la sociedad. Eso, en los presupuestos dogmáticos y filosóficos de nuestro sistema penal tiene un doble filo, porque si realmente pensamos que una persona está determinada a delinquir biológica o socialmente tenemos que ser conscientes de que nuestro sistema penal va a reaccionar también diciendo que no se le puede imponer una pena, ya que si estás determinado a delinquir no puedes actuar con libertad. Así que tenemos que tener cuidado con el fundamento sociológico a la hora de exigir estas medidas, ya que la respuesta del Derecho Penal puede ser justo la inversa de la que podemos esperar. El encaje de esos postulados tan radicales en nuestro sistema penal es muy complicado.

- El terrible doble crimen de Bilbao, presuntamente cometido por un grupo de menores, ha reabierto otra vieja polémica. Hay quien defiende la necesidad de volver a rebajar la edad penal y que se puedan imponer condenas mucho más severas y de prisión a este colectivo.

- La gestación de la ley de responsabilidad penal de los menores fue en su momento un trabajo bastante lúcido y supuso un hito. Como sucede con todos los hitos, pasado un tiempo comenzamos a cuestionarlos, lo que ocurre es que esta ley fue cuestionada desde el primer día por casos puntuales. Insisto, el legislador si quiere hacer una ley racional, no puede guiarse por casos puntuales y mediáticos, sino por principios generales o estadísticas que puedan reflejar mejor la realidad. La ley de responsabilidad penal del menor no ha funcionado mal, más allá de que pueda tener ciertos ámbitos de mejora.

- El juicio a 'La Manada' o la detención del presunto asesino de Diana Quer son episodios que desempolvan las dudas sobre si estos delitos están suficientemente castigados.

- Esto depende también de cuál creamos que es la función de la pena. Si creemos que la pena, como así lo dice la Constitución, debe incorporar el fin de la resocialización, es difícil argumentar que determinados delitos merezcan más pena, sobre todo porque nuestro Código Penal es, especialmente tras sus últimas reformas, bastante severo. Si consideramos que el fin de la pena tiene que ser la reprobación, una respuesta meramente instintiva por la que el Estado le devuelve la bofetada a quien la ha dado sin pensar para qué, entonces no hay límite conceptual para poder seguir incrementando las penas, pero hay que ser consciente de que un incremento desreferenciado de las penas tiene muy mal encaje con el fin de la resocialización.

- No obstante hay casos que a los profanos nos cuesta asimilar. Esta misma semana un acuerdo con la Fiscalía ha permitido a un hombre juzgado en Logroño, autor confeso de un delito de abusos sexuales a una niña, eludir la prisión. ¿Entiende el malestar social?

- Sí, claro que se entiende. Son los 'gajes' de tener leyes abstractas y en cierto modo transversales para toda la población. Lo que sucede es que la institución de la conformidad o de la sentencia por conformidad aplicada a determinados casos nos puede parecer inapropiada, pero es una institución que funciona desde hace muchos años, que se ha convertido casi en rutinaria y que tiene unos fines de economía procesal y judicial.

- El reto independentista catalán ha provocado que un puñado de políticos catalanes lleve más de tres meses en la cárcel. ¿Es ése un buen uso de la prisión preventiva?

- La prisión preventiva es una medida que debería ser esporádica. El problema de fondo de la prisión preventiva, más allá del asunto catalán, que es anecdótico aunque sirva de caja de resonancia, es que se utiliza con cierta sistematicidad y hay un porcentaje importante, de entre el 15 y el 20%, de los internados en nuestros centros penitenciarios que lo son sin una sentencia firme. Éste es desde un punto de vista global el problema de fondo de la prisión preventiva. En el caso concreto del asunto catalán es aún más complejo porque evidentemente las implicaciones políticas que puede haber en estas decisiones se mezclan con los criterios estrictamente jurídicos y en ese cruce siempre hay polémica. Pero lo que parece incuestionable también es que las medidas judiciales correspondientes han sido motivadas y, además, por distintos órganos jurisdiccionales. No sé si debemos cuestionar nuestro sistema jurídico porque Oriol Junqueras esté en prisión preventiva; deberíamos hacerlo porque como él hay 10.000.

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