Los jueces y fiscales dicen basta

Jueces y fiscales, ayer 
en la puerta del Palacio 
de Justicia de Logroño en
el primero de sus actos
de reivindicación. 
:: justo rodríguez/
Jueces y fiscales, ayer en la puerta del Palacio de Justicia de Logroño en el primero de sus actos de reivindicación. :: justo rodríguez

La justicia riojana exige independencia y anuncia una huelga general en mayo

LUIS JAVIER RUIZ LOGROÑO.

Si algún colectivo de trabajadores públicos quedaba por alzar la voz, reivindicar más medios para prestar un servicio de calidad y recuperar los derechos perdidos, ese era el de jueces y fiscales. Ayer escenificaron su malestar. Lo hicieron en todo el país, recordando las demandas que hace ya dos años trasladaron al Ejecutivo central y que continúan sin cumplirse. Y no son solo cuestiones laborales. De hecho, en la nómina de reclamaciones éstas ocupan un espacio menor: la independencia judicial y la dotación material para alcanzar una justicia eficaz y de calidad capitalizan sus exigencias.

En Logroño fueron la decana de los jueces, Cecilia de la Iglesia, y el fiscal Valentín de la Iglesia, los que, respaldados por sus colegas (una treintena de los casi 50 que componen la plantilla), pusieron voz a esas demandas. Así, la decana leyó el manifiesto consensuado por las cuatro asociaciones nacionales de jueces (unidad con escasos precedentes) en el que se urge «a las Cortes, al Gobierno y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)» a adoptar las medidas que «la actual situación de la Justicia exige».

Sin injerencias políticas

LA FRASEMaría Cecilia de la Iglesia Decana de los jueces de Logroño «La apariencia de que los partidos se rifan las altas esferas judiciales no da una imagen de independencia»

Especial hincapié hacen los jueces y magistrados en la independencia judicial. Así, apuntó De la Iglesia, «el CGPJ debe amparar de modo efectivo a los jueces ante cualquier ataque frente a su independencia. Insisto, frente a cualquier ataque». Por eso, defendió la necesidad de reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial, «la retirada de las enmiendas presentadas que coartan el ejercicio de nuestra función judicial» y el punto final a la injerencia política en el nombramiento de jueces y fiscales.

«Solicitamos que se objetiven los nombramientos de altos cargos judiciales, que sea una decisión motivada y adoptada por una mayoría cualificada», dijo De la Iglesia, que también demandó «la supresión de los magistrados designados por los parlamentos autonómicos».

«Los jueces de base que trabajamos en el día a día somos independientes y no recibimos presiones, pero es cierto que no solo hay que serlo en la base, sino que también las altas instancias judiciales tienen que ser independientes y, además, aparentar que lo son», reflexionó la decana de jueces de Logroño para quien «esa apariencia de que los partidos políticos se rifan los cromos de quiénes van a formar parte de las altas esferas judiciales en el Supremo no da una imagen de independencia. No lo decimos nosotros, lo dice el informe Greco, una institución europea».

De igual manera, para reforzar la calidad de la Administración de Justicia, demandó, entre otros aspectos, mantener una inversión continuada y prolongada, incrementar la plantilla judicial y fiscal con 1.200 profesionales en cuatro años, la creación de los órganos judiciales suficientes para atender el aumento de litigiosidad y una mejor dotación de medios personales y materiales para los funcionarios que luchan contra la corrupción. Además, en lo estrictamente laboral, pidió la convocatoria de la mesa de retribuciones, inédita desde el 2003, la recuperación del régimen de vacaciones y permisos derogado en el 2012 y el impulso de las medidas de conciliación.

Independencia de los fiscales

Y desde el Ministerio Público, Valentín de la Iglesia recordó que, junto al refuerzo de su independencia y autonomía, es preciso paralizar la implantación de la justicia digital hasta su correcto funcionamiento, derogar el sistema de plazos máximos de instrucción hasta la correcta dotación de los recursos necesarios y atribuir la formación de los fiscales a la Fiscalía del Estado.

Así, los jueces y fiscales riojanos secundarán las movilizaciones que se convoquen a nivel nacional y que, junto a paros parciales y una manifestación en Madrid inicialmente programada para el 14 de abril aunque pendiente de confirmación, incluye una huelga general prevista para el próximo 22 de mayo.

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