Una implantación «con claroscuros», pero con miras a la empleabilidad

Conrado Escobar. :: /Sonia Tercero
Conrado Escobar. :: / Sonia Tercero

M. CASADOLogroño

La Ley de Renta de Ciudadanía ha sido una de las medidas que más interés y difusión han tenido por parte del Gobierno de La Rioja. No en vano fue anunciada por el propio presidente José Ignacio Ceniceros para sustituir otro tipo de ayudas como el IMI/AIS, e incluso recibió el apoyo unánime en su aprobación parlamentaria. También se contó con opiniones de entidades sociales y se vio como una acción de refuerzo social. Hoy, ocho meses después de su puesta en marcha, toca hacer balance de su implantación y de su funcionamiento.

Esta misma semana, la diputada socialista y secretaria de Servicios Sociales del PSOE La Rioja, Ana Santos, denunciaba públicamente la que en opinión de su partido está siendo una «caótica gestión del Gobierno de Ceniceros en la tramitación de la Ley de Renta de Ciudadanía». Los retrasos en los cobros de la cuantía o la descoordinación eran algunas de sus críticas.

Pero, ¿cómo ve la situación el propio Ejecutivo riojano? Conrado Escobar, consejero de Políticas Sociales Familia Igualdad y Justicia, una de las consejerías implicadas en la medida junto a Empleo, admite que no está en su pleno rendimiento. «Un cambio de modelo requiere tiempo y, desde esa perspectiva, ahora estamos en los primeros pasos de un cambio que es profundo porque implica un salto de un modelo subvencional o asistencial a un modelo de justicia social. En este sentido, es preciso cumplir derechos, pero también obligaciones». El consejero recuerda que los casos más severos, los que llegaban del IMI y el AIS se atendieron automáticamente, pero «en el resto de solicitudes es lógico que se retrase, porque no es una subvención, sino un derecho (sin final, que se irá revisando) y como tal se tiene que comprobar que se cumplen todos los requisitos y ahí es donde se encuentran situaciones que no encajan con el perfil (263 solicitudes denegadas)».

Respecto a las críticas sobre la puesta en marcha, Escobar admite que «en su implantación está teniendo claroscuros; en general, estamos moderadamente satisfechos, pero evidentemente nos gustaría que administrativamente se trabajara de una manera más intensa, que hubiera una mejora en la gestión, aunque ya se ha mejorado, pero siempre hay que ser exigentes». Ahí hace un alto y reconoce que «la implicación de los empleados de las dos consejerías afectadas (Políticas Sociales y Empleo) es máxima y el compromiso también, así como la coordinación entre ambas».

«Objetivo: recuperar su vida»

Escobar incide en que no debe perderse de vista que «el esfuerzo de esta Ley no es únicamente el ayudar económicamente al que lo necesita sino, sobre todo y principalmente, ayudarle en la recuperación de un proyecto de vida, de un proyecto laboral». De ahí que el consejero asegure que «donde realmente vamos a ser capaces de medir la efectividad de la Ley es en la incorporación al mercado de trabajo y ahí sí que estamos especialmente satisfechos porque las ventanas de inclusión social que defiende la Ley, con la posibilidad de compatibilizar la RC con una jornada a tiempo parcial, está dando resultado».

El responsable de Políticas Sociales recalca que ya están en marcha los itinerarios laborales, lanzaderas de empleo y que es este el punto en el que incidir. Por último, subraya: «Lo que no podemos es resignarnos a que esta Ley sea una réplica o una continuación del modelo asistencial, sino buscar la empleabilidad que es el objetivo». Por ello, en el balance, «aunque en el tema de gestión administrativa se evidencian aspectos a mejorar, desde una perspectiva a medio-largo plazo la Ley es un acierto colectivo y es un ejercicio de responsabilidad colectiva».

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