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García Royo, en su comparencia de ayer en la comisión. :: díaz uriel
«Nada impedía aprobar el PGM sin incluir el sector del chalé de Sanz», dice Legarra

«Nada impedía aprobar el PGM sin incluir el sector del chalé de Sanz», dice Legarra

El ex presidente del PR y el ex concejal de Urbanismo dan versiones contradictorias en la comisión que investiga la aprobación del Plan General de Villamediana

DIEGO MARÍN A.

LOGROÑO.

Martes, 5 de junio 2018, 22:39

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Sólo queda una sesión de comparecencias en la comisión de investigación para aclarar la aprobación del Plan General Municipal (PGM) de Villamediana de Iregua por la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja, la del ex presidente del Gobierno de La Rioja, Pedro Sanz, protagonista ausente de todas las jornadas convocadas hasta la fecha. Ayer la cita fue doble: primero asistió el ex concejal de Urbanismo de Villamediana Antonio García Royo, expulsado del Partido Riojano por votar a favor del PGM, y después el ex presidente del PR Miguel González de Legarra.

Fueron dos puntos de vista, incluso dos actitudes, muy diferentes. Por una parte, Antonio García Royo, residente en Lanzarote desde el 2015, se escudó en los informes técnicos que, según él, justificaban la legitimidad y aconsejaban la aprobación de un PGM «necesario» en Villamediana, eludiendo responsabilidades o no contestando por considerar que no eran de su competencia o no lo recordaba. En cambio, Miguel González de Legarra, apartado ya de la vida política, fue claro desde su exposición inicial: «Desde el PR entendimos que las obras no se podían legalizar de ninguna manera, resulta escandaloso que el alcalde y el arquitecto lo permitieran. Sólo tenía un interés, favorecer a un infractor, el entonces 'todopoderoso' Pedro Sanz. No existía nada que hubiera impedido aprobar el PGM sin incluir el sector disperso 5», en el que se incluye el polémico chalé del ex presidente del Gobierno de La Rioja.

Precisamente por su actitud colaborativa el diputado de Cs David Vallejo celebró la intervención de González de Legarra, que su propio partido había solicitado porque «hasta ahora hemos contado con personas que se han mostrado a favor del PGM». Un aspecto vertebral en la doble sesión fueron las posibles presiones recibidas por García Royo, que él negó por parte del PP, pero admitió por parte del que fuera su propio partido, el PR: «Me forzaron a votar en contra».

«Es la primera vez que un compareciente está reconociendo presiones», subrayó el portavoz del Grupo Parlamentario del PP, Jesús Ángel Garrido, aunque la versión de Legarra fue contraria: «Tuve que atender a García Royo en mi despacho personal porque le daba un tabardillo, como se dice coloquialmente, por unas presiones que no salían de nuestro partido, por lo que, entiendo, tenían que venir del Ayuntamiento».

Profundizando en esta cuestión, el ex presidente del PR declaró que «si yo he sufrido presiones personales y familiares por parte de Sanz, pocas dudas me caben de lo que han podido hacer con un pobre concejal» y puso como ejemplo, ante la petición de la diputada de Podemos Natalia Rodríguez, «seis procedimientos judiciales ganados con rotundidad por mí y que tenían como objetivo minar la credibilidad e influir en la opinión pública, al margen de cuestiones personales que, por lo que implican, evidentemente, no voy a contar en esta sesión».

Lo que sí destacó González de Legarra es que «el PR es el único que presentó un recurso de alzada contra la aprobación definitiva del PGM de Villamediana y, desde el 2013, no hemos obtenido respuesta. Mientras no se resuelva el primer recurso no se puede presentar otro, lo que impide otras acciones», aunque Cs le advirtió que, al parecer, tal recurso no fue admitido, aunque no le conste.

En cuanto a García Royo, el ex edil aseguró no haber leído los informes sobre las denuncias presentadas contra el PGM, ni siquiera los reportajes de la revista 'Interviú' sobre el caso, una actitud que fue recriminada por el socialista Francisco Javier Ocón: «Escuchándole, la gente se preguntará qué hacen los concejales en los Ayuntamientos».

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