El Gobierno recibe en un mes 278 nuevas peticiones para la Renta de Ciudadanía

Una personas en el punto de información de la Consejería revisa el formulario de solicitud. :: díaz uriel
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Una personas en el punto de información de la Consejería revisa el formulario de solicitud. :: díaz uriel

El Consejo de Gobierno aprobó ayer el decreto que regula esta ayuda y que instaura «un modelo de inclusión social basado en la justicia social» y el empleo

M. MAYAYO LOGROÑO.

El Gobierno de La Rioja ha recibido 278 nuevas solicitudes para acceder a la Renta de Ciudadanía desde el 5 de septiembre, cuando entró en vigor esta ley alumbrada en abril con la unanimidad de todos los grupos parlamentarios. Estas peticiones, que se resolverán en unos dos meses, se suman a los 1.500 riojanos que ya en octubre cobrarán esta renta de 430 euros que sustituye a las prestaciones del IMI y el AIS.

El Consejo de Gobierno de La Rioja aprobó ayer el decreto que regula la Renta de Ciudadanía. Los consejeros de Políticas Sociales, Conrado Escobar, y de Formación y Empleo, Alberto Galiana, explicaron el desarrollo de esta norma desplegada a lo largo de 36 artículos. Básicamente, transmitieron que estamos ante un nuevo modelo de inclusión social basado en la justicia social y con el empleo en el punto de mira. Se aleja del concepto de beneficencia y apuesta por un proyecto de inserción sociolaboral, que, precisamente, es lo que marca la diferencia.

Solicitud
Tramitación
Desde los servicios sociales de primer nivel. Las solicitudes se registran en la sede de la Consejería de Políticas Sociales. El proceso tarda dos meses.
Importe
Cuantía variable
La cuantía básica mensual de la renta es del 80% del IPREM (430 euros/mes). Por cada miembro de la unidad de convivencia se reconocerá un complemento. De dicho importe se deducen los ingresos de la unidad de convivencia. La cuantía máxima será del 125% IPREM (672,01 euros).
Duración
Indefinida
Mientras persistan las circunstancias y se cumplan los requisitos. No obstante, se irán revisando.
Condiciones
Compatibilidad
Con las pensiones de importe muy reducido. O cuando se cuenta con un empleo parcial, siempre que no se superen los límites de rentas.

Ambos consejeros insistieron en que esta ayuda llegará a quien realmente lo necesite y mientras las circunstancias persistan (no hay límite temporal) pero se exigirán una serie de contraprestaciones. El control exhaustivo y riguroso (para evitar bolsas de fraude) fue palabra repetida así como el objetivo final: el compromiso con el empleo. Porque si algo dejó claro Alberto Galiana es que «no es una pensión a cambio de nada. El éxito de esta medida es que cada vez haya menos perceptores que necesiten esta ayuda».

LAS FRASES Conrado Escobar Consejero de Políticas Sociales «La administración va a echar una mano pero también va a exigir responsabilidades» Alberto Galiana Consejero de Empleo «El éxito de esta medida es que cada vez haya menos personas que tengan que recurrir a esta ayuda»

La clave de este nuevo modelo, aseguró Escobar, es el proyecto individualizado de inserción, al que se llega tras el paso por los trabajadores sociales (ellos son los que comprueban que se cumplan los requisitos y definen el itinerario de la persona bien social o de empleabilidad). A este respecto, Galiana recordó que «la renta es un medio y el fin es conseguir la plena inclusión social del beneficiario y, para eso, el empleo es esencial». Pero para que la ayuda llegue al bolsillo, hay unos compromisos que cumplir. Así, entre otros, se exige la participación activa en programas de empleo y en las acciones específicas de inserción, orientación, promoción, formación o reconversión profesionales que se determinen por el Sistema Público de Empleo. También establece la búsqueda activa de empleo; la comparecencia en el Servicio Público de Empleo cuando sea requerido, la inscripción en la Oficina de Empleo, la presentación a las ofertas de empleo propuestas y su aceptación siempre que sean acordes a su formación.

El mismo decreto establece grupos que tendrán un trato más favorable y en esta escala figuran emigrantes, riojanos retornados, refugiados, víctimas de violencia de géneros o de desahucio...

Escobar quiso dejar claro que la administración «va a echar una mano» a las personas con más necesidades pero también «les va a exigir responsabilidades».

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