El Gobierno endosa a la concesionaria el atasco en la AP-6

Efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) trabajan en la AP-6 para sacar a los vehículos. :: /EFE
Efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) trabajan en la AP-6 para sacar a los vehículos. :: / EFE

Los ministros Zoido y De la Serna ofrecerán explicaciones en el Congreso tras la petición de toda la oposición

ANDER AZPIROZ MADRID.

La tormenta de nieve ha derivado en una tormenta política en la que, mientras le llueven las críticas por parte de toda la oposición, el Gobierno central trata de echar balones fuera. El domingo, el director general de Tráfico, Gregorio Serrano, ya apuntó directamente como responsables a los conductores de los cerca de 3.000 vehículos que quedaron atrapados entre una capa de nieve que llegaba por las rodillas en la AP-6. Según justificó entonces el máximo responsable de la DGT, «se anunció con antelación y se recomendó con insistencia que no se circulara por las vías afectadas, pero desgraciadamente no fue así». Y añadió que «no se escatimó en recursos ni en horas», un extremó que no concuerda con los testimonios de las personas atrapadas. Después, y ante la indignación general, desde el Gobierno se cambió de objetivo. De las cientos de familias que quedaron bloqueadas se pasó a responsabilizar a la concesionaria de la AP-6, Iberpistas, una filial de Abertis.

El Ministerio de Fomento anunció a media tarde del domingo la apertura de un expediente informativo a la empresa y, a partir de entonces, el Ejecutivo y la concesionaria han mantenido un cruce de acusaciones a través de las cuales cada uno devuelve la pelota de la responsabilidad al tejado del otro.

Según defendió en un primer momento Iberpistas, el viernes se puso en marcha el plan invernal, que se elaboró bajo la coordinación directa de Fomento y la DGT. Para entonces, los meteorólogos ya habían vaticinado lo que se avecinaba el fin de semana. Desde la empresa se insistió ayer en que se aplicaron todos los protocolos de actuación y que, cuando se vio que eran insuficientes, se pidió el cierre de la carretera a Interior, que es quien tiene las competencias para ordenarlo.

El director de la DGT, sin embargo, recordó ayer en declaraciones a La Sexta que «la gestión directa de esta autopista privada es de la empresa concesionaria». Fue una forma de reiterar que es Iberpistas la encargada de velar por la seguridad de los conductores, sobre quienes volvió a afirmar que «algunos no calibraron el peligro». Horas después, el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, insistió en el mismo argumento. «La responsabilidad recae sobre la concesionaria, no sólo porque lo determine el protocolo y porque está establecido en las condiciones contractuales, sino porque existen sentencias del Supremo sobre incidentes muy similares que identifican la responsabilidad sobre la empresa», dijo De la Serna.

Ya en el plano político, los ministros de Fomento y de Interior atendieron la reclamación unánime de la oposición y anunciaron sendas comparecencias en el Congreso, a donde también acudirá el director de la DGT. Quien más alto apuntó en sus críticas fue el PSOE, que exigió la destitución de Serrano ante su «nefasta» gestión de la situación. El portavoz socialista, Óscar Puente, tampoco pasó por alto que el máximo responsable de la DGT siguiera la crisis desde Sevilla, «quizá -ironizó- desde el palco del Sánchez Pizjuán», en relación al estadio del Sevilla donde este equipo jugó el sábado el derbi hispalense contra el Betis. Serrano, que aseguró que no tiene intención de dimitir, señaló que se mantuvo al tanto de la situación desde el despacho de su domicilio en la capital andaluza, donde dijo contar con un «despliegue tecnológico» que le permitió mantener el contacto. «No hace falta estar en Madrid para coordinar una acción así, se podía hacer desde Sevilla», respondió.

Podemos criticó tanto al Gobierno como a la concesionaria. La formación que dirige Pablo Iglesias responsabilizó al Ejecutivo del caos a la vez que abogó por cargar a Iberpistas los costes del rescate llevado a cabo la Unidad Militar de Emergencia. A su vez, Albert Rivera censuró la falta de coordinación, pero avanzó que desde su partido no se exigirá ninguna dimisión antes de escuchar las explicaciones de los titulares de Interior y Fomento en la Cámara baja.

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