La Fiscalía del Supremo pide investigar a Pedro Sanz por su chalet de Villamediana

Pedro Sanz. / Justo Rodriguez

La Fiscalía del Tribunal Supremo en un informe previo se ha mostrado a favor de abrir una causa penal al ver indicios de delito urbanístico

Carmen Nevot
CARMEN NEVOTLogroño

El auto de la fiscal encargada del caso, Consuelo Madrigal, del que esta mañana se hacía eco la Cadena SER, no es vinculante por lo que la decisión sobre si continúan o no las pesquisas sobre el chalé del actual vicepresidente del Senado queda pendiente de la decisión del alto tribunal.

El caso fue elevado al Supremo por la juez del Juzgado de instrucción número dos de Logroño, Rosa Esperanza Sánchez, tras la denuncia presentada por el actual Ayuntamiento de Villamediana de Iregua, dirigido por Ana Belén Martínez (PSOE), que acudió a la Justicia al sospechar que el anterior alcalde Tomás Santolaya (PP) había cometido un delito de prevaricación al permitir -junto a otras 68 edificaciones en el mismo sector, el denominado Diseminado- la legalización ‘a posteriori’ del chalé de Sanz.

El Gobierno municipal dejaba en manos de la juez las actuaciones del expresidente, de su esposa y de la constructora Foralia por la posibilidad de que hubiera incurrido en un delito urbanístico al ampliar su chalé sin licencia y en un terreno que no fue urbanizable hasta años después.

La juez, a la vista de la denuncia y teniendo en cuenta la condición de aforado del vicepresidente del Senado, decidió remitir el caso al Tribunal Supremo al entender que los hechos que el Ayuntamiento de Villamediana exponía en la denuncia serían “indiciariamente constitutivos de un delito contra la ordenación del territorio y urbanismo”.

Investigación del Seprona

No es este el único caso relacionado con la edificación de Pedro Sanz en terreno villametrense pendiente de una decisión judicial. En el 2012 y raíz de un reportaje publicado en Interviú sobre el chalé en cuestión, la Fiscalía General de Medio Ambiente incoó unas diligencias y ordenó al Seprona investigar el asunto.

Un año después, tanto el Seprona como la Fiscalía coincidieron en aparcar la investigación sobre las 69 edificaciones ubicadas en el sector diseminado, en el que se encuentra la de Sanz, porque entendían que no era constitutivo de delito. Entonces se puso el foco en otra zona del mismo municipio, en la intervención del exalcalde Tomás Santolaya y del concejal de Urbanismo por entender que habían omitido las obligaciones de inspección.

El asunto continuó así hasta octubre del 2016. Ese mes, la misma juez Rosa Esperanza Sánchez, que se encontraba transitoriamente al frente del Juzgado de Instrucción número 3, hasta que tomara posesión del cargo su nuevo titular, José Carlos Orga, tras la marcha de Sergio Escalona, incoó diligencias entendiendo que podía haber algún indicio de ilegalidad, no sólo en la construcción de estos chalés, sino también en aquellos que dieron lugar a la aprobación de la modificación del Plan General de Villamediana, es decir de los 69 del diseminado.

El auto provocó tal revuelo que Ciudadanos dio por roto el pacto de gobernabilidad que sostenía al PP en el Gobierno de Villamediana y una moción de censura quitó la Alcaldía del PP y aupó al cargo de Ana Belén Martínez (PSOE).

Meses después, en enero del 2017, el juez Orga revocó el auto de la magistrada Sánchez que ordenaba investigar el chalé de Sanz ya que consideró que era prospectivo y contemplaba una investigación “exagerada”.

A la vista del nuevo informe, el Ayuntamiento decidió recurrir el auto de Orga, un recurso al que la Fiscalía se sumó parcialmente, es decir, se posicionó a favor de continuar la investigación de las 69 edificaciones, pero parar la abierta contra los funcionarios de la COTUR y los concejales que apoyaron con su voto la modificación del PGM que favoreció la legalización, en mayo del 2013, del chalé del expresidente, entre otros.

Pronunciamiento de la Audiencia Provincial

La pelota está ahora sobre el tejado de la Audiencia Provincial de Logroño, que deberá pronunciarse sobre los mencionados recursos de apelación una vez que lleguen ahí desde primer instrucción.

Este asunto también fue denunciado por el concejal de IU de Villamediana Jesús Cámara y el socialista Francisco Ocón, a título particular, pero el titular del juzgado de instrucción número 1, Ulpiano González, sobre quien recayó el asunto, rechazó su admisión a trámite.

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