La Fiscalía investiga la venta de contratos con empresas ficticias a centenares de inmigrantes

La Fiscalía investiga la venta de contratos con empresas ficticias a centenares de inmigrantes

El Ministerio Fiscal advierte de que el quebranto económico infligido por la trama a las arcas públicas es «incalculable»

Carmen Nevot
CARMEN NEVOTLogroño

La Fiscalía de La Rioja investiga una trama de venta de contratos de trabajo con empresas ficticias a centenares de inmigrantes ilegales en la región. La red, que estaba perfectamente organizada, según ha podido saber Diario LA RIOJA de fuentes del Ministerio público, captaba a los extranjeros en situación irregular en el país incluso a las puertas de la estación de autobuses de Logroño.

A cambio de un contrato con el que a posteriori podían regularizar su situación en España para luego acceder a prestaciones por desempleo, obtener el permiso de residencia e incluso traer por invitación a sus familiares desde los países de origen, los inmigrantes llegaban a abonar hasta 500 euros. Desde la Fiscalía calculan que el daño económico causado a las arcas públicas por parte de la compleja trama es «inmenso e incalculable».

Además

En el mismo procedimiento, la acusación pública investiga a 15 sociedades consideradas ficticias y a 22 personas que de algún modo actuaron bajo la cobertura de las mencionadas empresas, algunos de ellos captando ciudadanos extranjeros a fin de ofrecerles documentos falsos a cambio de precio, en otros falsificando los citados documentos e incluso simultáneamente gestionando altas y bajas ante la Seguridad Social.

Todas las mercantiles estarían dirigidas por un cabecilla, cuya identidad se desconoce por el momento, y su simulado objeto social sería, en el grueso de ellas, la limpieza, como Limpiezas El Sol, Limpiezas Verdes S.C. y Limpieza Luna, entre otras, aunque también habría firmas dedicadas de forma ficticia a las reformas, edificaciones y actividades de jardinería.

Los extranjeros ilegales captados eran a la vez víctimas y verdugos de una trama cuyo cabecilla no ha sido identificado

Ninguna de las mercantiles que están en el punto de mira de la investigación tenía sede social ni siquiera se había hecho un desembolso de capital inicial y pese a todo, en un momento determinado, contrataban a cientos de trabajadores. Esto, sumado a que nunca presentaban la declaración trimestral de retenciones hizo que saltaran todas las alarmas en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y arrancara una procedimiento, ahora en manos de la Fiscalía riojana.

Con el contrato ilícito podían, luego, cobrar el paro, traer a familiares y obtener la residencia

La actuación de los 22 investigados, sin perjuicio de que posteriormente haya una calificación jurídica más precisa, podría ser constitutiva, apuntan desde el Ministerio público, de delitos de estafa, falsedad documental e integración en grupo criminal. Buena parte de ellos figuraban como socios fundadores de las empresas ficticias, además de administradores de ellas y autorizados en RED. Esto último les permitía gestionar las altas y bajas en la Seguridad Social de los supuestos trabajadores de las empresas. Otras dos de las personas investigadas, en este caso dos mujeres, se dedicaban a falsificar varios de los documentos que daban cuerpo a la trama, como contratos de trabajo, certificados de empresa y nóminas.

Los intermediarios y el primer contrato

Dentro de la red también figuraban los intermediarios que se dedicaban a las labores de captación y mediación entre quienes falsificaban los documentos y quienes los adquirían a cambio de precio; al menos dos de ellos lo hacían desde sendos locutorios que regentaban en Logroño. Además, uno fue identificado por numerosos ciudadanos extranjeros como la persona que les facilitaba los contratos de trabajo, los certificados de empresa y las nóminas y a quien pagaban a cambio de los mencionados documentos.

Se trata de una trama perfectamente engrasada que logró captar a centenares de inmigrantes ilegales en La Rioja para venderles los contratos que les permitirían acceder a prestaciones y permisos de residencia. Esos presuntos trabajadores estarían situados en la parte inferior del escalafón de la trama y serían a su vez víctimas y verdugos. De hecho, desde los juzgados riojanos ya se han dictado más de cien sentencias, la mayoría de conformidad, -quedarían otras tantas pendientes de juzgar- condenando a los particulares que conseguían los contratos de forma ilícita. Muchos de ellos, según explica la Fiscalía, recalaron en La Rioja en los años de plena crisis 2010, 2011 y 2012, conociendo la existencia del negocio de los contratos ficticios con los que poder entrar por la puerta grande en España.

Ese primer contrato ilícito les permitía obtener luego el permiso de residencia y acceder, posteriormente, a otro contrato, ya lícito, y traer por invitación a sus familiares a España, como así hicieron muchos. Desde la Fiscalía calculan que por cada diez inmigrantes podrían haber llegado a venir quince. A día de hoy, un buen puñado de ellos habría obtenido incluso la nacionalidad. Se trataría de un arranque ilícito, aunque la situación de estos inmigrantes en la actualidad estaría dentro del marco legal.

La cabeza de la red

En cualquier caso, el problema con el que se han topado desde la Fiscalía es determinar quién encabeza la red, puesto que los administradores y socios de las empresa ficticias no serían más que peones de una trama que estaría orquestada por una o varias personas. Una dificultad que de momento tendría difícil resolución, máxime cuando la mayoría de los inmigrantes, una vez interrogados, ni siquiera sabían para qué empresa habían sido contratados ni a qué se dedicaba. Ni, por supuesto, cuál era su cometido dentro de ella.

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