El fiscal solicita 6 años de cárcel para el acusado de estafar 7.300 euros a un anciano con demencia

En ese escenario, en la vida de la víctima apareció R.A.P. un viejo conocido de la justicia riojana de 37 años de edad. Tan conocido que, según explica el Ministerio Fiscal en el escrito de acusación que defenderá esta mañana en la Audiencia Provincial, desde 1999 acumula un total de 27 sentencias condenatorias con una pena acumulada de 210 meses (17 años y medio) de prisión y otros 160 fines de semana de arresto domiciliario. La mayor parte de esas condenas (23) fueron por delitos de robo con fuerza y, temporalmente, buena parte de ellas se concentraron en el 2001, cuando llegó a ser condenado en 10 ocasiones (tres de ellas en apenas siete días de diciembre).

A principios del 2015, R.A.P. conoció a la víctima y, poco a poco, fue ganándose su confianza hasta el punto de que, periódicamente, le visitaba en su domicilio. De hecho, alguno de los amigos del anciano recordaban haber visto en la vivienda en varias ocasiones a un joven (el presunto autor de la estafa al que llegaron a reconocer fotográficamente) al que no habían visto con anterioridad.

Así, ganada la confianza del perjudicado, explica el Ministerio Fiscal, que el acusado convenció al anciano para que fueran juntos a alguna de las entidades bancarias en las que tenía cuentas corrientes con sus ahorros. Lo hicieron entre los días 19 de febrero y 17 de marzo del 2015 y en esas visitas se realizaron un total de cinco extracciones de dinero en efectivo por importes de 700, 1.600, 1.500, 300 y 3.200 euros. Esos 7.300 euros se los quedó el acusado en beneficio propio.

Días después de la última extracción, R.A.P. fue detenido por agentes policiales. En ese momento portaba 40,32 euros en efectivo e inicialmente se estableció una orden de alejamiento y prohibición de comunicación con la víctima. Posteriormente, el 12 de noviembre de ese mismo año, volvió a ser detenido y tras pasar a disposición judicial se acordó la prisión provisional ante la gravedad de los hechos.

La acusación relata que el 1 de abril el médico forense examinó a la víctima y, entre otras dolencias, le diagnosticó un «deterioro cognitivo leve» asociado a su edad. Además señalaba que necesitaba «ayuda y supervisión para todas las actividades básicas de la vida diaria (higiene, vestido, aseo, alimentación)» y que no era capaz de «realizar tareas domésticas cotidianas como comprar, preparar comida o limpiar la casa». Tampoco para «manejar medicamentos, seguir pautas alimentarias o el autocuidado».

En lo referente a su situación económica, el escrito de acusación revela que la víctima desconocía tanto sus ingresos como si tenía cuentas bancarias a su nombre que, en todo caso, él no gestionaba. Por eso, el forense también explica que «no puede tomar decisiones de contenido económico como el seguimiento efectivo de sus ingresos, gastos, cuentas... No es capaz para otorgar poderes a terceros ni para establecer disposiciones testamentarias».

De igual manera, el médico de cabecera de la víctima registró en su historial médico un deterioro cognitivo progresivo y apuntaba que presentaba «incapacidad para vivir solo por alteración importante de la memoria de fijación».

Analizados los informes médicos, la Fiscalía inició diligencias para determinar la capacidad de la víctima y presentó una demanda de incapacidad ante el Juzgado de Primera Instancia 1 de Logroño. El 4 de abril del 2016 se nombró a la Fundación Tutelar de La Rioja como tutor provisional de la víctima para que protegiera tanto su persona como sus bienes y se le autorizaba para ingresarle en una residencia adecuada a sus necesidades, completa la Fiscalía.

Los hechos, dice la acusación, son constitutivos de un delito continuado de estafa «cualificada por cometerse con abuso de las relaciones de la víctima» y solicita para R.A.P. una pena de seis años de prisión y una multa de 1.800 euros además del reintegro del dinero estafado.