El fiscal recurre el archivo de la causa contra el exalcalde de Villamediana por prevaricación

El Ministerio público alega que Santolaya conocía la existencia de numerosas construcciones ilegales y «decidió no hacer nada que impidiera eficazmente su proliferación»

CARMEN NEVOT* CNEVOT@DIARIOLARIOJA.COM LOGROÑO.

La Fiscalía ha recurrido el sobreseimiento libre de la causa contra el exalcalde de Villamediana, Tomás Santolaya, y el arquitecto municipal de la misma localidad, Esteban Pardo Calderón, por presunta prevaricación, y omite pronunciarse sobre el archivo del caso contra el exconcejal de Urbanismo, Antonio García Royo, acordado por el titular del Juzgado de instrucción número 3 de Logroño, José Carlos Orga, en un auto fechado el pasado 13 de noviembre.

En 39 folios, el fiscal encargado del caso, Luis María Fernández Gómez de Segura, argumenta que el exprimer edil, «traicionando conscientemente» el cumplimiento de las obligaciones de su cargo, «permitió» la subsistencia de «numerosísimas» construcciones y edificaciones ilegales. Conocedor de la situación, añade, «decidió no hacer nada que impidiera eficazmente la proliferación de construcciones ilegales» y si obraba así para «no granjearse la animadversión de los vecinos infractores o de sus allegados, constituiría un móvil espurio, ayuno de cualquier justificación».

En concreto, sobre la actuación del exalcalde, el fiscal, según el recurso al que ha tenido acceso Diario LA RIOJA, entiende que procuró que tras la concesión de una licencia de obras para construir una caseta de aperos autorizable no se hicieran visitas de inspección para comprobar el desarrollo de los trabajos, con las que se hubiera podido detectar que lo construido no era lo que se había autorizado. Tampoco, agrega el fiscal, se inspeccionaban las obras antes de que se otorgara la licencia de primera ocupación y ni siquiera lo denunció ante la justicia. Con esta forma de actuar, consiguió un resultado «completamente ajeno» al orden jurídico y a sus potestades como alcalde: «la perpetuación y consolidación de dichas construcciones ilegales y delictivas».

«Con su actuación, el alcalde conseguía la perpetuación y consolidación de las construcciones ilegales y delictivas»«Si obraba así para no granjearse la animadversión de los vecinos, constituiría un móvil espurio»

En definitiva, Santolaya conocía que había numerosas construcciones ilegales y «no ordenó» inspecciones urbanísticas. Un hecho que, según el fiscal, se comprueba con la investigación preliminar que el Seprona llevó a cabo por orden de la Fiscalía de la Sala coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo y que advirtió de la existencia de 209 construcciones en 305 parcelas de suelo no urbanizable. Incluso, el propio Gobierno habría reconocido la existencia de estas edificaciones en suelo no urbanizable en un escrito exculpatorio que el entonces consejero de Presidencia y Justicia presentó ante el fiscal de Medio Ambiente. El documento, según recoge el recurso de la Fiscalía, admitía que la existencia de estas construcciones se remonta a «orígenes antiguos» y «guarda relación con el modo de vida tradicional de la zona».

En su documento donde razona el porqué de su recurso al auto de Orga, el fiscal esgrime que no se ha tramitado ningún expediente sancionador ni de restauración de la legalidad. Sólo se incoaron estos últimos después de la intervención del Seprona y en algunos de ellos «hay actuaciones ilegales o irregulares de la Alcaldía y del arquitecto municipal que favorecen la consolidación de las ilegalidades cometidas». Además, apunta el fiscal, el arquitecto municipal «ha informado a favor de la legalidad de edificaciones ilegales».

Como colofón a su documento, en el que detalla una serie de construcciones irregulares detectadas por el Seprona, la Fiscalía asegura que las actuaciones reprochables a la Alcaldía no son únicamente de naturaleza omisiva, «sino que en ocasiones tienen una índole positiva, consistentes en la adopción de acuerdos contrarios al ordenamiento jurídico».

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