El fiscal pide tres años de cárcel para el exalcalde de Viguera por presuntas malversación y prevaricación

Francisco Jalón, exalcalde de Viguera. :: díaz uriel/
Francisco Jalón, exalcalde de Viguera. :: díaz uriel

El exregidor, según el fiscal, adjudicó a su hija el contrato de limpieza y desde el Ayuntamiento pagó varias facturas a una mercantil de su propiedad y de su mujer al 100%

Carmen Nevot
CARMEN NEVOTLogroño

La Fiscalía pide 3 años de cárcel y hasta 11 años de inhabilitación para cargo o empleo público electo para el exalcalde de Viguera, Francisco Jalón, por la presunta comisión de cinco delitos dos de malversación de caudales públicos y tres de prevaricación. El exprimer edil (PR+), que gobernó en coalición con el PSOE, se sentará en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Logroño, en fecha aún por determinar, por, entre otras cuestiones, la contratación de su hija por parte del Ayuntamiento.

De acuerdo con el relato que hace la Fiscalía en el escrito al que ha tenido acceso Diario LA RIOJA, desde 1994 la limpieza de las dependencias municipales la realizaba una única persona a la que le abonaban un salario de unos 1.100 euros trimestrales. En el 2012, el acusado, entonces alcalde, licitó este servicio y a la finalización del plazo sólo se habían presentado dos personas. Llegado el momento de abrir las ofertas, había cuatro y de las dos nuevas, una pertenecía a la hija del alcalde y la otra, a la cuñada. Finalmente, Francisco Jalón adjudicó el contrato a su propia hija por 736 euros al mes. Dadas las advertencias de ilegalidad por parte de la secretaría, el regidor de Viguera anuló el proceso, pero las protestas de su hija hicieron que se lo otorgara de nuevo.

LOS DELITOS

uContratación de la hija de Francisco Jalón por el Ayuntamiento
Prevaricación administrativa. Inhabilitación para cargo o empleo público por once años.
uContratos con la mercantil 'Patrimonios Virgen del Rosario 4, S
L.'. Malversación de caudales públicos. 18 de meses de cárcel y multa de nueve meses a razón de una cuota diaria de 20 euros (5.400 euros). Inhabilitación para cargo por 3 años y el pago de una indemnización al Ayuntamiento de Viguera de 3.404,20 euros.
u Convenio suscrito sobre terrenos c/Iregua
Malversación de caudales públicos. 18 meses de prisión, multa de nueve meses a 20 euros por día (5.400 euros), inhabilitación por 3 años y una indemnización de 370 euros a pagar al Ayuntamiento.
uContratación de socorrista
Prevaricación administrativa como nombramiento ilegal. Inhabilitación por 11 años.
uExpediente sancionador a la secretaria municipal
Prevaricación administrativa. Inhabilitación por 11 años y el pago de una indemnización al Ayuntamiento de Viguera en los intereses abonados por el impago de los salarios a la secretaria.

Durante su mandato, añade el fiscal, cuya investigación arrancó a raíz de la denuncia presentada por los concejales del PP del municipio, el Ayuntamiento pagó varias facturas por valor de 1.628,40 y 1.775,80 euros a la mercantil 'Patrimonios Virgen del Rosario 4, S.L.', propiedad al 100% del alcalde y de su esposa, a la que el Consistorio nunca adjudicó nada.

«Como la secretaria le advertía de las ilegalidades decidió, sin más, expulsarla del municipio»

En el relato de hechos que previsiblemente sentarán al exregidor en el banquillo, el fiscal se detiene en marzo del 2013. Ese mes, sin someterse a ningún procedimiento de cumplimiento obligatorio como así se lo había señalado la secretaria en un informe en el que se hacía referencia a la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja y a la Ley del Suelo, entre otras, el alcalde dictó una orden de abono de 370 euros al propietario de unos terrenos situados en la calle Iregua. El dueño aceptaba que se ejecutaran ciertas obras necesarias para el Ayuntamiento en su propiedad. A cambio el Consistorio se hacía cargo del IBI y de la limpieza para el mantenimiento del inmueble.

Otro de los hechos que el fiscal imputa a Jalón ocurrieron en verano del 2013. El Ayuntamiento necesitaba socorristas en las piscinas municipales y sin seguir ningún procedimiento se contrató a dos personas que ni habían presentado su curriculum ni siquiera una solicitud. Las nuevas socorristas resultaron ser la hija de otro concejal de su mismo partido político y la hermana del asesor legal del Ayuntamiento, también del PR+. A cada una de ellas les pagaron 586 euros por el mes de junio, 1.100 en julio y 1.000 en agosto, además de un finiquito de 344,48 euros.

La última de las actuaciones que cuestiona el Ministerio público, fue la incoación el 22 de agosto del 2012 de un expediente disciplinario a la secretaria con el fin de expulsarla del municipio. Una decisión que, según el fiscal, tomó por ser esta mujer quien le advertía continuamente de las ilegalidades que estaba cometiendo. La mujer había sido nombrada funcionaria interina el 13 de enero del 2009.

En paralelo, Francisco Jalón interpuso denuncia en la Fiscalía contra la secretaria por un presunto delito de malversación de caudales públicos, que acabó sobreseyéndose por «no haber quedado acreditada la comisión de ilícito penal alguno».

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