El fiscal pide cárcel para el exconsejero Muñoz por estafa, blanqueo y tráfico de influencias

Paneles de Torremontalbo. /Justo Rodríguez
Paneles de Torremontalbo. / Justo Rodríguez

La acusación imputa por la venta fraudulenta de la fotovoltaica Emfrisa al exmiembro del Gobierno, su mujer y otros tres procesados

Carmen Nevot
CARMEN NEVOTLogroño

Más de siete años después de que arrancara la investigación por la presunta venta fraudulenta de la sociedad fotovoltaica Emfrisa a la leridana Bellomonte, la Fiscalía imputa al exconsejero Juan José Muñoz los presuntos delitos de tráfico de influencias, estafa y blanqueo de capitales por los que reclama cinco años y nueve meses de prisión y más de seis millones de euros de multa. En el mismo proceso también aparecen como acusados la mujer del extitular de Hacienda, C.M.C., para quien pide cuatro años de cárcel y multa de más de 276.000 euros, y A.G.R., A.G.C,. e I.M.A. para quienes solicita cinco, tres y dos años de cárcel, respectivamente.

En una sinopsis, antes de entrar en un exhaustivo y pormenorizado relato de los hechos y de los delitos a lo largo de 147 folios, el fiscal asegura en su contundente escrito que el exconsejero de Hacienda Juan José Muñoz «decidió y tuteló» la creación de la sociedad mercantil Empresa Fotovoltaica Riojana SA (Emfrisa) con el propósito de construir una instalación de grandes dimensiones de producción de energía eléctrica de origen solar fotovoltaico. La planta, como así ocurrió después, se instalaría en Torremontalbo y podría beneficiarse del régimen retributivo fijado en el Real Decreto 436/2004 y luego en el 661/2007, que incentivaban la generación de energías renovables obligando a la compañía eléctrica, en este caso Iberdrola, a comprar la electricidad y pagar a los productores de energía un precio superior al 575% al de la tarifa eléctrica media. La elevada rentabilidad favorecería la venta de la instalación a un precio de mercado, según calculaban, de unos 25 millones de euros.

EL SEGUIMIENTO DEL PROCESO DESDE LAS PÁGINAS DE ESTE DIARIO

Desde que en mayo del 2010, en las páginas de este diario se informó por primera vez de la investigación de la presunta venta fraudulenta de Emfrisa, en la que estaría implicada la mujer de Muñoz, C M.M., se sucedió una cascada de reacciones políticas desde todos los frentes pidiendo la dimisión del exconsejero. Un año después, el entonces presidente Pedro Sanz, tras las elecciones del 2011, no contó con quien había sido su titular de Hacienda durante 14 años.
Las primeras informaciones
20 de mayo del 2010
Diario LA RIOJA destapó la investigación iniciada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Logroño a raíz de una denuncia interpuesta por la sociedad mercantil Bellomonte Logistic ante la sección
Económica y de Blanqueo de Capitales de la Jefatura Superior de Cataluña el 18 de noviembre del 2009
La denuncia la dirigía contra la mujer del exconsejero de Hacienda y el resto de imputados hoy en día. El exmiembro del Gobierno se quedaba fuera inicialmente.
La declaración
Julio del 2010
I.M.A. y C.M.C. declaran ante el juez; la segunda niega que participara en la venta de Emfrisa. Días antes habían declarado A.G.C. y A.G.R.
Explicaciones
Enero del 2011
El PSOE reclama en el Parlamento una comisión que investigue los negocios de Muñoz.
La imputación
Abril del 2014:
Muñoz -administrador solidario junto a su mujer de una empresa a través de la que canalizaron las inversiones- declara ante el juez durante varias horas y acaba imputado por el presunto fraude de la fotovoltaica.

Como Muñoz, por incompatibilidad legal con el cargo como consejero de Hacienda que ostentaba entonces -no dejó de serlo hasta el 2011-, no podía figurar en los actos y negocios jurídicos que se iban a formalizar ni tampoco en los trámites administrativos que era necesario cumplimentar para autorizar y explotar la instalación fotovoltaica, utilizó en la operación a otro de los acusados A.G.R., un empresario de confianza y «ejecutor de cuantas directrices, actos y negocios le fueran ordenados por aquel». En este entramado, el extitular de Hacienda «utilizó» a su esposa, la también investigada C.M.C., y lo hizo, de acuerdo con el relato que hace la Fiscalía, con «su conocimiento y consentimiento» y con la pretensión de «incorporar al patrimonio de la unidad familiar los beneficios económicos de la operación». Muñoz, quien según la acusación pública, dirigió la operación, se valió de terceras personas para hacerlo y «cuando surgieron obstáculos e imprevistos intervino en persona ante las autoridades municipales, así lo hizo con el Ayuntamiento de Torremontalbo, donde se instaló la planta, y también ante autoridades autonómicas», en concreto, en organismos integrados en la Consejería de Hacienda, de la que era titular, y en la Consejería de Industria. La finalidad era «eliminar las dificultades o impedimentos».

LA CLAVE: La Fiscalía pide para Muñoz, a quien atribuye la dirección de la operación, 5 años de cárcel y multa de 6 millones

Hecha esta recapitulación y una prolija exposición de la normativa de las instalaciones de generadoras de energía eléctrica que utilizan la tecnología solar fotovoltaica, el fiscal se remonta a la constitución de Emfrisa el 5 de diciembre del 2006, una sociedad promovida por Juan José Muñoz cuando «este papel directivo se hallaba en abierta contradicción con la prohibición legal de desempeñar una actividad empresarial», de acuerdo con la ley del Gobierno e Incompatibilidades de sus miembros.

Este acusado, según el fiscal, «convenció a varias personas allegadas a él y a destacados empresarios, que conocía por su cargo público, para participar en dicha sociedad». «Todas estas personas se incorporarían al proyecto mercantil con la certeza de obtener un lucro económico al encontrarse respaldada la operación por algunos de los principales cargos e instituciones políticas de la región, tanto en la Consejería de Hacienda como en la de Industria». Muñoz intervendría en la operación representado por su esposa. Como socios constituyentes de Emfrisa figuraban doce miembros, entre ellos A.G.R. y la mujer de Muñoz, C.M.C., que suscribió 10.000 acciones por un valor nominal de 10.000 euros, lo que representaba el 8% de participación en una empresa que se constituyó con un capital social de 125.000 euros.

Una vez constituida, el fiscal atribuye al exconsejero la decisión de instalar el parque solar fotovoltaico, en el que se desarrollaría el objeto social de Emfrisa, en una finca del paraje de Somalo, perteneciente al entonces término municipal de Torremontalbo. La instalación se denominaría Huerto Solar Centenales.

Con este fin, el propio Muñoz y A.G.R. concertaron una primera cita con el alcalde y con el secretario de Torremontalbo. El primero, apunta el fiscal, se presentó ante ellos como el artífice del proyecto y como persona que tenía un interés propio y directo en que saliera adelante. Incluso les animó a introducirse en el negocio de explotación de huertos solares. «La desenvoltura y seguridad de Juan José Muñoz vencieron las reticencias de sus interlocutores, sorprendidos de que un consejero del Gobierno de La Rioja se involucrara de forma tan notoria en una operación lucrativa», detalla.

En un encuentro posterior, estos dos acusados urgieron al alcalde y al secretario a acelerar la tramitación de las licencias ambiental y de obras argumentando que tenían de plazo hasta el 28 de septiembre del 2008 -para esa fecha ya debía estar construida la planta- para poder acogerse al beneficioso y rentable régimen de primas del Real Decreto 661/2007. A partir de esa fecha, ya no sería tan rentable. El 29 de febrero, sin omitir ningún trámite, el Ayuntamiento les concedió las licencias.

Entre tanto, Muñoz y A.G.R. decidieron incorporar a un tercero para la realización del parque solar fotovoltaico de Torremontalbo, cuyo cometido principal sería encontrar un comprador final del parque solar que podría acogerse a las generosas primas del citado real decreto, lo que podría suponer un atractivo para los futuros compradores. El precio de venta estimado era de 25 millones, teniendo en cuenta la rentabilidad que los compradores podrían obtener por la explotación.

En febrero del 2008, A.G.R. contactó con la mercantil leridana Bellomonte Logistic, de la que era apoderado otro de los acusados, A.G.C., y el letrado de la firma, el también procesado I.M.A. Para materializar la asociación, Muñoz, siempre a través de A.G.R. hizo un convenio de con Emfrisa en el que esta vendía el 50% de sus participaciones a la empresa catalana por 1.575.000 euros. Los vendedores, es decir, A.G.R. y Muñoz, afirmaron en el contrato que la fotovoltaica riojana disponía de todas las autorizaciones administrativas cuando en realidad «todavía debían constituirse los avales y solicitarse la preceptiva autorización autonómica para la instalación fotovoltaica y la aprobación de su proyecto de ejecución». Esta información «mendaz» fue suministrada a Bellomonte por A.G.R. y A.G.C. Este último lo hizo, de acuerdo con el relato del fiscal, aún siendo apoderado de la firma leridana y conociendo que se faltaba a la verdad. Muñoz, por su parte, «había instigado que se proporcionara a Bellomonte esta información falaz». Además, el contrato, en el que se mencionaba a la esposa del exconsejero, se diseñó para que «una parte significativa del precio abonado fuera destinada a Muñoz». Posteriormente, se firmaría otro contrato en el que ya no figuraba C.M.C. y que se fecharía, igual que el anterior, el 13 de marzo del 2008. El acusado I.M.A., letrado de Bellomonte, tampoco advirtió de que ni se habían aprobado los proyectos de ejecución de las obras ni habían sido dictadas las resoluciones administrativas.

Con fecha 12 de marzo del 2008 C.M.C., en contrato privado de compraventa, vendió las acciones de Emfrisa a Provif, representada por A.G.R. y de la que previamente habían adquirido el 25%, por 50.000 euros. En el mismo contrato, como administradora solidaria (con su esposo) de una sociedad mercantil familiar, vendía 15.050 acciones, de las que la sociedad era titular en el capital social de Provif, por 276.875 euros. Bellomonte, por su parte, y con motivo del contrato de compraventa entregó cuatro pagarés para el pago de las participaciones por un importe total de 866.250 euros.

Meses después, Muñoz propició que Emfrisa fuera vendida enteramente a terceros, «sin el conocimiento y la intervención de Bellomonte». El 15 de septiembre del 2008 A.G.R. vendía a European Sun Parks las 125.000 acciones de Emfrisa por 125.000 euros. Ese mismo día, las mercantiles Provif, representada por A.G.R., y Emfrisa suscribieron el contrato de llave en mano para la construcción del parque solar de Torremontalbo por algo más de 23 millones de euros. Este contrato «representaba la verdadera operación de venta del parque solar de Torremontalbo». La ejecución de la instalación solar correspondería a Provif. Finalmente, el parque no estuvo en condiciones de producir energía eléctrica hasta los últimos días de diciembre del 2008.

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