La fiesta de la ilustre profesión

Fiesta de los abogados riojanos ayer en el Círculo Logroñés. :: miguel herreros/
Fiesta de los abogados riojanos ayer en el Círculo Logroñés. :: miguel herreros

El Colegio de Abogados homenajea a quienes cumplen 25 años en ejercicio

DIEGO MARÍN A.

El Ilustre Colegios de Abogados de La Rioja celebró ayer en el Círculo Logroñés su habitual cóctel de Navidad en el que se homenajeó a quienes cumplen 25 años en el ejercicio profesional en este 2017. El decano, José María Cid, ofreció unas palabras de bienvenida a los asistentes antes de dar paso a la entrega de diplomas, junto con un «pequeño obsequio», a los colegiados reconocidos, y después, ya en un ambiente más distendido, se ofreció un ágape.

En la actualidad el Ilustre Colegios de Abogados de La Rioja cuenta con unos 640 colegiados. «Todos los que ejercen la abogacía deben estar colegiados, aunque también puede estarlo un abogado de Madrid que trabaje aquí», explica José María Cid, para quien el 25 aniversario en la profesión supone, «evidentemente, un motivo de celebración puesto que supone haber estado todo ese tiempo en el ejercicio de la profesión».

LOS DIPLOMAS

Por 25 años de ejercicio
Neftalí Paracuellos Llanos, Enrique Domingo Oslé, Juan C. González Zorzano, José A. García Crespo, José M. Ramos del Amo, Rosa A. Nalda Elizalde, Jesús Ascorbe Martínez, Carmen Muñoz Ibáñez, José L. Tenorio Rodríguez, Ignacio Martínez Alonso, José L. Navajas Serrano, María C. Soto Ruiz de Larramendi, Gloria Cañada Díaz de Atauri, Félix A. González Losantos, María C. Moreno Martínez-Losa, Alfonso C. Pérez Alonos y Jesús L. Crespo Moreno.

Precisamente sobre este oficio Cid declara que es «indispensable en una sociedad democrática como la española o cualquier europea». «Nuestra profesión está citada varias veces en la Constitución española, y por algo será», advierte el decano. Es más, Cid asegura que durante la crisis la abogacía ha desempeñado «un papel fundamental para fomentar la paz social», y es que el ejercicio de esta profesión «muchas veces se realiza sin retribución alguna», a pesar de que «canalizar las reclamaciones o defender los derechos fundamentales de las personas no tiene precio».

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