«Aquí llamamos vivienda social a la vivienda barata, y eso no es vivienda social»

Sonia Olea. / Juan Marín

La experta en derecho a la vivienda Sonia Olea alerta de que la normativa «no es adecuada a la realidad»

EUROPA PRESSLogroño

La jurista especializada en derecho a la vivienda, Sonia Olea, ha alertado de que la normativa en España en el ámbito de la vivienda "no es adecuada a la realidad que vivimos" algo que "no ocurre en el resto de Europa".

La también responsable de la Campaña de Personas sin Hogar de Cáritas Española ha señalado que en Europa "si tu dejas de poder pagar una vivienda te vas con un alojamiento alternativo, y evidentemente no sigues pagando eternamente la deuda y entras en un listado de morosos, que te impide retomar tu vida".

Olea ha realizado estas manifestaciones antes de una jornada en Logroño, en la Casa de los Periodistas, de la Red Europea contra la Pobreza, sobre el acceso a una vivienda digna por parte de las personas más vulnerables. Ha indicado que en España "no tenemos vivienda social" ya que "aquí llamamos vivienda social a la vivienda barata, y eso no es vivienda social", sino que tiene que ser "vivienda pública, en suelo público, gestión pública y donde las administraciones públicas pueden usarla para personas en situación de vulnerabilidad".

Para solucionar estos problemas, ha indicado que las Administraciones "deben de entender que la vivienda no es un bien de inversión sino que es un derecho humano que está en la Declaración Universal, así como deben "modificar el Código Civil y la Ley de Ejecución Hipotecaria", teniendo en cuenta que en España también "hay un sector importante de población que no puede hipotecarse, pero al que hay que procurarles otras fórmulas de acceso a la vivienda".

Olea ha lamentado que en el país haya tres millones y medio de viviendas vacías, mientras hay "miles de personas que se han quedado sin vivienda".

Por su parte, el técnico de EAPN La Rioja, Jesús Alcalde, ha criticado que en la región ha salido la última convocatoria de ayudas al alquiler que "a diferencia de otros años, está pidiendo más requisitos, como que se acredite que se puede pagar la ayuda a ese alquiler que antes no se pedía, o un contrato de trabajo, que hacen más difícil que las personas en situación de pobreza y exclusión puedan acceder a esta ayuda".

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