¿EVOLUCIÓN Y NO REVOLUCIÓN?

El pasado miércoles, el comisario europeo Phil Hogan presentó su comunicación con las líneas generales de las propuestas que presentará para la próxima reforma de la Política Agrícola Común (PAC). Durante su intervención ante la Comisión de Agricultura hizo especial hincapié en el carácter evolutivo y no revolucionario de su propuesta. Según dijo, su intención es corregir los defectos que se han detectado durante la aplicación de la reforma que entró en vigor en 2014 dotándola de más flexibilidad y reduciendo la carga burocrática y administrativa para los perceptores de las ayudas.

Se trata de un texto plagado de buenas intenciones y con propuestas que alabamos, como es la de dotar de un mayor impulso a las medidas destinadas a la renovación generacional. El envejecimiento de la población rural constituye el principal problema que aqueja al campo y, por ello, es una buena noticia que la Comisión Europea considere el apoyo a los jóvenes como un objetivo prioritario de cara al futuro.

Sin embargo, la idea de conceder a los Estados miembros mayor flexibilidad a la hora de determinar las medidas subvencionables en sus territorios, al tiempo que la legislación europea se vaciaría de contenido, entraña un riesgo de renacionalización de esta política y de desequilibrios en el mercado único entre los agricultores de los distintos países.

En el debate con el comisario, me tranquilizó comprobar que una inmensa mayoría de mis compañeros de la Comisión de Agricultura de la Eurocámara criticaron ese riesgo de renacionalización por considerar que se debe seguir preservando el carácter común de la política agrícola europea.

El establecimiento de un nuevo régimen basado principalmente en la subsidiariedad y en el cumplimiento de objetivos cuantificables haría recaer en los Estados miembros toda la responsabilidad del éxito de la política, con las sanciones que ello podría conllevar en el caso de que no se alcanzaran las metas.

Detrás de esta comunicación se dibuja la fuerte incertidumbre financiera en torno al presupuesto comunitario post Brexit. La salida de Reino Unido podría dar lugar a una disminución del presupuesto agrícola y de otras políticas europeas, a no ser que los Estados miembros encuentren una solución para neutralizar las consecuencias financieras.

Sea cual sea la solución, el Brexit no debería ser tomado como excusa para transferir fondos agrícolas a otras políticas europeas, pues el apoyo a los agricultores europeos debería seguir siendo respaldado por una PAC fuerte que garantice la seguridad de abastecimiento alimenticio de la UE y la oferta de productos de calidad a los consumidores.

Antes del verano del 2018, esperamos las propuestas legislativas de la Comisión y trabajaremos en ellas para asegurarnos de que esta reforma proteja debidamente los intereses de nuestros agricultores y ganaderos.

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