Autorizada la explotación del yacimiento de gas natural 'Viura'

Justo Rodriguez

El yacimiento convencional de gas natural, que se encuentra entre Sotés y Hornos de Moncalvillo, no requiere de técnicas de fracturación hidráulica o 'fracking'

LA RIOJA LOGROÑO

Esperaban este 'permiso' desde final de junio y ha sido este viernes cuando el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se otorga la concesión de explotación del yacimiento de gas natural denominada 'Viura', situado entre Sotés y Hornos de Moncalvillo (La Rioja), a las sociedades Unión Fenosa Gas Exploración y Producción, S.A. (UFG E&P); Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A. (SHESA) y Oil and Gas Skills, S.A. (OGS).

Se trata de un yacimiento convencional de gas natural, con producción de condensados asociada y que no requiere de técnicas de fracturación hidráulica o 'fracking'. De acuerdo con los resultados iniciales, se han podido confirmar unas reservas mínimas de 3 BCM de gas natural, que supone en torno al 10% del consumo anual de gas natural en España.

Por un periodo de 30 años

La concesión de explotación de gas natural se otorga por un periodo de 30 años, prorrogable por dos periodos sucesivos de diez años. El otorgamiento cuenta con el informe positivo de la Comunidad Autónoma de La Rioja y con declaración de impacto ambiental favorable.

La explotación del yacimiento tiene efectos económicos, ambientales y sociales positivos. En primer lugar, permite reducir nuestra dependencia económica y aumentar la seguridad de suministro, ya que España importa actualmente más del 99,5% del gas que consume.

Desde la perspectiva fiscal y sin considerar otras tributos, se prevé recaudar 26 millones de euros por el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Gas, Petróleo y Condensados, creado por el Gobierno en 2015.

Además, los concesionarios deberán compartir parte de sus ingresos por la venta del gas con los propietarios próximos al yacimiento, de forma que los beneficios asociados se repartan de una manera socialmente equitativa.

El Real Decreto establece una batería de medidas para garantizar la seguridad durante toda la vida de la concesión. Durante las exhaustivas pruebas llevadas a cabo no se han producido efectos adversos de ningún tipo.

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