Empresarios y sindicatos piden a Ceniceros que defienda a La Rioja de la rebaja fiscal vasca

Vista desde La Rioja del poligono industrial Casablanca en la localidad alavesa de Laguardia en una imagen de ayer. :: Justo Rodríguez
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Vista desde La Rioja del poligono industrial Casablanca en la localidad alavesa de Laguardia en una imagen de ayer. :: Justo Rodríguez

El presidente regional advierte de que estará «vigilante» tras conocer que el País Vasco pretende aprobar el impuesto de sociedades más bajo de España

LUIS JAVIER RUIZ* LJRUIZ@DIARIOLARIOJA.COM LOGROÑO.

El miedo se llama efecto frontera. El hecho de que a la hora de elegir su ubicación una empresa apueste por el territorio con menor gravamen del impuesto de sociedades. Y a partir del 2019, es probable que sea más rentable ubicarse al otro lado del Ebro, en el País Vasco. Lo será porque si progresan las negociaciones a tres bandas (PP, PSE y PNV) para aprobar los Presupuestos vascos, el impuesto de sociedades caerá del 28% actual al 24%, es decir, un punto por debajo del que rige en La Rioja.

Esa es la reforma fiscal que el Partido Socialista de Euskadi (PSE) y el PNV han pergeñado para satisfacer las demandas del Partido Popular vasco, que condicionó su apoyo a los Cuentas del 2018 a una rebaja significativa del tributo. Los populares demandaban aclimatarlo al resto del territorio nacional (25%) pero la propuesta elaborada entre socialistas y nacionalistas supera ese límite. De momento no hay acuerdo... pero sí «avances».

El 'efecto frontera' continúa despertando alertas en La Rioja. Hay matices de todas las tonalidades con un trasfondo compartido: no pueden establecerse agravios comparativos. «Vamos a estar vigilantes», sintetizó el presidente regional, José Ignacio Ceniceros, «para que se cumplan los principios de solidaridad interterritorial y transparencia, sobre todo en la armonización fiscal». Un punto de partida que amplió la portavoz de su Ejecutivo, Begoña Martínez Arregui: «Es necesario que no se produzcan discriminaciones en materia impositiva que puedan perjudicar a nuestros empresarios y trabajadores», recalcó antes de recordar que La Rioja ha defendido en el debate del sistema de financiación autonómica que «los impuestos sean exactamente iguales en todas las comunidades. Es la única manera de que sea efectivo el principio de igualdad que recoge la Constitución española».

Ese es, también, el punto de partida del empresariado regional. Las mismas reglas del juego para todos, sostienen tanto Jaime García-Calzada (FER) como José María Ruiz-Alejos (Cámara de Comercio). El primero interpreta que la reducción acordada en el Cupo vasco vendrá a 'financiar' la hipotética bajada de ingresos por el impuesto de Sociedades y pide «igualdad entre territorios». Ruiz-Alejos, por su parte, apoyaría la rebaja fiscal... siempre y cuando sea extensiva al conjunto del empresariado, ya que la cuestión impositiva es «muy importante» a la hora de seleccionar la ubicación de una firma. «No estamos de acuerdo con los agravios comparativos», apuntó antes de exigir al Ejecutivo riojano la toma de decisiones ante ese escenario.

PSOE, PP y Podemos hallan la solución en el artículo 46 del Estatuto de Autonomía, redactado para corregir «los desequilibrios producidos en La Rioja por los efectos derivados de su situación limítrofe con otros territorios». Francisco Ocón, secretario general del PSOE riojano, señala que «nunca se ha activado» y que «de producirse algún perjuicio», el Ejecutivo regional tendrá que «ponerlo en marcha. Tenemos el antídoto». En similares términos se manifiesta desde Podemos La Rioja su secretario Político, Miguel Reinares, que achaca a la «debilidad» del PSE esa posible rebaja fiscal «para las grandes rentas y empresas. Esto va a crear una desigualdad con La Rioja. Estamos en contra de la rebaja impositiva». Jesús Ángel Garrido, portavoz parlamentario del PP, no renuncia al artículo 46 «ni a ninguna otra vía» para «evitar agravios. Lo ideal sería que se redujera el tipo a nivel nacional». Pablo Baena (Ciudadanos), por su parte, defiende que es «un amaño político» y que «la rebaja del impuesto de sociedades la pagarán todos los ciudadanos». El PR+, por su parte, recordó ayer que ese efecto frontera está cifrado en 18 millones que no se pagan.

Los sindicatos, finalmente, rechazan cualquier rebaja fiscal. Jesús Izquierdo (UGT), además de exhortar al Ejecutivo regional a defender los intereses de La Rioja, apuesta por «unapolítica de estado fiscal para sostener el estado del bienestar y asegurar la solidaridad territorial». En esa línea Jorge Ruano (CCOO) ve en esa bajada impositiva «una barbaridad». «Las empresas tienen más beneficios que no repercuten en el empleo o las condiciones salariales».

Es un tributo de carácter directo y de naturaleza personal que grava la renta de las sociedades y demás entidades jurídicas. Es, salvando los paralelismos, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de las empresas. A partir del resultado contable de la sociedad obligada a tributar se determina la base imponible y la cuantía a pagar anual- mente.

Son diferentes en función de los territorios. En el territorio común (salvo País Vasco y Navarra) el tipo general es el 25% (en el 2014 era el 30%, pero con la entrada en vigor de la reforma fiscal se fue reduciendo en dos tramos, en el 2015 hasta el 28% y desde el 2016 con carácter general hasta el 25%). El tipo reducido es del 15% para emprendedores. En Navarra, la última rebaja fiscal fijó el tipo para las grandes empresas en el 28%; para las pymes, en el 23% y para las micropymes, en el 19%. En el País Vasco, el tipo de gravamen aplicado en el tributo de sociedades venía siendo del 28% para las grandes empresas y del 24% para las pymes.

Consiste en reducir sustancialmente los dos tipos de gravamen, tanto el general como el reducido. La bajada sería, en ambos casos, de cuatro puntos y se aplicaría de forma progresiva: en el 2018 se reducirían dos puntos (el tipo general quedaría fijado en el 26% mientras que el tipo reducido caería hasta el 22%) y en el 2019 otro dos para quedarse en el 24% y el 20%, respectivamente.

El PP del País Vasco había vinculado su apoyo a los Presupuestos vascos a una rebaja significativa del tipo nominal del impuesto de sociedades. El PNV y el Partido Socialista de Euskadi, socios de gobierno, propusieron la rebaja progresiva de 4 puntos en dos años para así conseguir aprobar las cuentas del País Vasco para el próximo ejercicio.

La respuesta está en el concierto económico vasco, que es el marco que regula las relaciones financieras entre el País Vasco y el Estado y que está reconocido por la Constitución Española. Las tres diputaciones forales vascas son las encargadas de recaudar todos los impuestos (IRPF, IVA, Sociedades...) y posteriormente abonan al Estado los servicios que éste presta al País Vasco por las competencias no transferidas (embajadas, Defensa, intereses de la deuda..). Es el conocido Cupo vasco, que fue aprobado el pasado jueves con la única oposición de Ciudadanos y de Compromís.

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