Cientos de transportistas riojanos litigan contra el cártel de camiones

Juan Marín

Dueños de casi 4.000 vehículos pesados reclamarán a las grandes firmas después de que la UE les multara por impulsar un oligopolio para pactar precios

Roberto G. Lastra
ROBERTO G. LASTRALogroño

Los propietarios riojanos de casi 4.000 vehículos pesados presentarán sus reclamaciones contra los denominados cárteles de los cinco grandes fabricantes europeos de camiones, condenados hace ahora un año, el 19 de julio, por la Comisión Europea al pago de un multa de 2.926 millones de euros por formar un oligopolio para pactar los precios que funcionó durante 14 años, desde enero de 1997 hasta principios del 2011. Aquella decisión fue ratificada el pasado 6 de abril por la propio Comisión Europea.

Aquella sanción de la UE a MAN (que se le condonó la multa por confesar la trama), Daimler, DAF, Volvo-Renault e Iveco abrió la puerta de la demanda a los perjudicados, aquellos empresarios que adquirieron un camión a lo largo de ese periodo, que se vieron obligados a pagar sobrecostes, tanto en el precio de venta de fábrica de los vehículos de seis o más toneladas como en las facturas de las tecnologías necesarias para reducir las emisiones contaminantes, cuyo calendario de introducción también habían pactado los integrantes de dicho oligopolio.

Los cálculos de la cifra de afectados en La Rioja son casi imposibles, ya que se estima que solo un porcentaje de los afectados opte por emprender la vía para recuperar el dinero extra abonado.

«Llevamos un año trabajando con esta reclamación con nuestra federación nacional, Fenadismer, se ha creado una plataforma de afectados y, de momento, en La Rioja tenemos 158 empresas y casi 900 vehículos, aunque cuando acabemos esta labor hemos calculado que se duplicarán las cifras, hasta las más de 300 firmas y los 2.000 vehículos pesados», explica Santiago Gutiérrez, presidente de ATRADIS, la asociación de transportes discrecionales perteneciente a la FER. «La razón la tenemos, pero no sabemos su precio», asevera Gutiérrez, quien augura años de proceso y «una guerra de peritajes».

El temor en el sector reside en la sospecha, avanzada por algunos expertos, de que las grandes fabricantes de camiones copien la estrategia de defensa utilizada por el cártel del azúcar, que basó su estrategia en que los afectados repercutieron los sobrecostes en sus clientes.

«No sabemos cómo acabará, será duro y difícil, pero viable; si no, no nos meteríamos en esto», remacha el presidente de Atradis.

En el mismo sentido se pronuncia Javier Arnedo, presidente de CETM (Asociación de Empresarios de Transporte de Mercancías y Logística de La Rioja), que recomienda a todos sus asociados que «reclame». De momento, en esa nómina figuran 18 empresas con otros 1.200 camiones, preparadas para un «pleito duro que llevará años».

También el bufete Gil-Gibernau Abogados, radicado en Logroño, socio de Hispajuris, está en la batalla. Según confirmó ayer su director, Sergio Gil-Gibernau, que recuerda que «pueden reclamar todos aquellos que adquirieron camiones medios y pesados de dichas marcas tanto por compra como por leasing», ha presentado ya 300 reclamaciones por camiones afectados en La Rioja y otro medio millar en Navarra y Álava.

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