El desvío del tráfico pesado en Gerona bajó un 75% la siniestralidad

La Rioja aportará más para desviar los camiones a la AP-68 a cambio de compromisos como el segundo peaje de Lodosa y la duplicación entre Calahorra y Alfaro

Alberto Gil
ALBERTO GILLogroño

El acuerdo entre el Gobierno de La Rioja y el Ministerio de Fomento de desviar de forma obligatoria la circulación del tráfico pesado de la N-232 a la autopista AP-68 tiene su precedente en la puesta en marcha en el año 2013 en Gerona del desvió de camiones hacia la AP-7 en el tramo de la N-II entre Maçanet y La Junquera (los camiones deben tomar la AP-7). Esta actuación ha conseguido reducir el 75% el número de accidentes de tráfico mortales, según los datos del Ministerio de Fomento. «La prioridad del Gobierno riojano es mejorar la seguridad en la carretera N-232 y creo que esta medida nos ayudará mucho», confía el consejero de Fomento, Carlos Cuevas.

El acuerdo obligará a todos los vehículos pesados a tomar la AP-68 desde Zambrana hasta Tudela: «El casco urbano de Haro no podía soportar un tráfico tan intenso de vehículos pesados, así que hablamos con las comunidades autónomas vecinas para ampliar un poco más los desvíos y la verdad es que han sido muy receptivas al problema», explica Cuevas. El acuerdo, pendiente de tramitación burocrática se anunció para el verano y el consejero riojano, aunque cree que habrá que esperar a septiembre por los informes jurídicos precisos, confía en que sea operativo para entonces. Los vehículos pesados tendrá que asumir un coste del 25% del desvío por la autopista, mientras que el Gobierno riojano afrontará el 60% del resto y el Ministerio de Fomento el otro 40%: «Hemos modificado al alza nuestra aportación, por diversos compromisos del Ministerio, como es un segundo peaje en Lodosa [Pradejón] para salir en dirección Zaragoza que, aunque utilizan muchos riojanos es competencia de Navarra, y, también, el compromiso para agilizar el desdoblamiento de la N-232 entre Calahorra y Alfaro como prioritario».

En cualquier caso, Cuevas calcula que el coste será «inferior, y bastante, respecto a los 900.000 euros presupuestados en nuestras cuentas regionales». «Es una medida puntual - concluye el consejero-, por unos años, pero que entendemos debemos promover para reducir la siniestralidad y estamos seguros de que tendremos resultados».

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