La Delegación del Gobierno no actuará contra la manifestación del jueves

Alberto Bretón./
Alberto Bretón.

«No se identificó a nadie ni había símbolos de ninguna organización y a los asistentes no se les puede sancionar», explica Alberto Bretón

L.J.R. LOGROÑO.

La ley no exige obtener una autorización administrativa para celebrar una manifestación. Es suficiente con su comunicación a la Delegación del Gobierno -que, eso sí, puede prohibirla o plantear una modificación del recorrido previsto- con una antelación, al menos, de 24 horas. Con esa base legal, la concentración -que posteriormente se convirtió en manifestación- de la tarde del jueves en repulsa contra la sentencia de la Audiencia Provincial navarra en el caso de 'La Manada' fue ilegal, lo que podría derivar en la imposición de sanciones administrativas. Podría. En condicional, porque no las habrá.

Así lo aseguró ayer a este periódico el delegado del Gobierno en La Rioja, Alberto Bretón, que reconoció que, tras hacerse público el fallo, un colectivo acudió a la Delegación para tramitar la pertinente comunicación. «Se les explicó que la solicitud por vía de urgencia se tiene que presentar, al menos, con 24 horas de antelación. Al ver que no se podría celebrar esa misma tarde, no presentaron ningún tipo de solicitud o comunicación».

Esa antelación exigida, justifica Bretón, es una mera cuestión de «seguridad», el tiempo mínimo necesario para organizar las posibles afecciones al tráfico rodado, al transporte público y establecer un dispositivo policial para evitar incidentes.

En todo caso, la concentración y posterior manifestación se celebraron «de manera espontánea», explica el delegado, que también informó de que los únicos incidentes que se registraron fueron los relacionados con el tráfico rodado.

«No se identificó a nadie y tampoco había símbolos de ninguna organización. Nadie figuraba como organizador y a los asistentes no se le puede sancionar. Fue una concentración espontánea a través de las redes sociales por la indignación tras el fallo», completó el delegado del Gobierno dando por cerrada cualquier intervención policial al efecto.

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