El Defensor del Profesor atendió a 11 riojanos el curso pasado

Un profesor corrige unos exámenes en un aula. / L.R.

Nerviosismo, ansiedad y depresión, cuadros aparecidos entre los afectados

EFELogroño

El servicio de Defensor del Profesor de la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza (ANPE) en La Rioja atendió a once profesores durante el curso 2016-2017, un 10 % más que el anterior, aunque este dato es la "punta del iceberg" de los casos de conflictividad y violencia en las aulas.

Así lo ha afirmado el presidente de este sindicato en La Rioja, Gustavo Navas, durante la presentación, en una rueda informativa, del informe anual del curso 2016-2017 del Defensor del Profesor en La Rioja, en la que también ha participado la coordinadora de este servicio, Clara Álvarez.

Navas ha aclarado que los casos de acoso a profesores en La Rioja son "muchos más" de los que recoge este informe, ya que hay docentes que lo sufren pero no lo manifiestan ni acuden a este servicio por "miedo".

Este servicio surgió en 2005 como medida de apoyo ante la indefensión del profesorado y como llamada de atención sobre la problemática de la violencia escolar, ha recordado Álvarez.

El Defensor del Profesor atiende de forma gratuita a docentes de niveles no universitarios, estén o no afiliados a ANPE y trabajen en centros escolares públicos o privados, ha subrayado.

Todos los docentes que acudieron a este servicio en La Rioja el curso pasado trabajaban en centros públicos, y es que, aunque en los privados y concertados también hay situaciones de acoso y violencia a profesores, estas "se regulan de forma interna y no trascienden", ha relatado.

En detalle

Ha detallado que los casos atendidos el curso 2016-2017 se distribuye en la región de forma "equilibrada", de tal forma que en Logroño recibieron 3 denuncias, las mismas que en La Rioja Baja, de La Rioja Alta procedieron 4, mientras que 1 no se facilitó su lugar de trabajo.

Seis de los once docentes atendidos trabajaban en Educación Secundaria y Formación Profesional, mientras que tres lo hacían en Educación Infantil y Primaria, y cada uno de los otros dos en la Escuela Oficial de Idiomas y en clases para adultos, respectivamente, ha indicado.

La mayoría de los docentes que acudieron a este servicio presentaban un cuadro de nerviosismo, en concreto, seis de ellos sufrían ansiedad, tres estaban de baja, y dos tenían depresión.

Los problemas con la dirección del centro fueron el tipo de conflicto más recurrente, se presentaron seis de ellos, mientras que hubo cuatro de acoso por parte de padres y tres de faltas de respeto a alumnos, cifras que superan los once casos atendidos porque, dentro de cada uno de ellos se crean varios conflictos, ha dicho.

El 41 % de los casos atendido se derivaron a asesoramiento jurídico, y otro 41 % a apoyo psicológico, mientras que en el 18 % se realizó mediación entre el profesor y la administración o dirección del centro escolar, ha explicado.

Además, ese curso se disparó el contacto presencial con este servicio, al que recurrieron el 55 % de los atendidos, mientras que el 45 % presentaron sus casos por teléfono.

Sin referentes en autoridad

Álvarez ha recalcado que el aumento de casos de violencia y acoso a profesores se debe a que las figuras de autoridad están en crisis en la sociedad, por lo que el problema no es tanto que el docente no sepa ejercer su potestad, sino que se le quita.

Por ello, ha propuesto la elaboración de un Plan Estratégico de Mejora de la Convivencia Escolar que incluya la reactivación del Observatorio estatal y los Observatorios autonómicos de Convivencia Escolar.

También ha solicitado la aceleración de los protocolos de protección a las víctimas y un plan de detección precoz de los problemas de convivencia en los centros educativos.

Ha pedido el cumplimiento de los Decretos de convivencia, así como los planes de convivencia y los reglamentos de régimen interior de los centros, además de un plan específico de formación del profesorado para la prevención y detección de conflictos relacionados con la convivencia escolar.

ANPE también insta a que la asistencia jurídica y psicológica sea gratuita para los profesores víctimas de acoso y a que se reconozcan la ansiedad, la depresión y el estrés como enfermedades profesionales de los docentes. Por último, este sindicato ha propuesto que exista un compromiso, por parte de la Administración, para el tratamiento rehabilitador de los agresores.

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