Convenio contra los desahucios

El Gobierno aprueba el convenio que suscribirá con el CGPJ y la Federación de Municipios

EFELogroño

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el convenio de colaboración que suscribirá el Ejecutivo riojano con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Federación Riojana de Municipios (FRM) para proteger a las familias afectadas por desahucios en situación de especial vulnerabilidad social.

La portavoz del Gobierno de La Rioja, Begoña Martínez, ha informado hoy en una rueda de prensa de los acuerdos por el Ejecutivo regional en su reunión semanal en Consejo.

Ha detallado que este convenio pretende mejorar la comunicación entre jueces, ayuntamientos y administración autonómica, y además, garantiza la actuación de los Servicios Sociales ante situaciones de exclusión social derivadas de un procedimiento de ejecución hipotecaria de viviendas en propiedad o de alquiler.

Este acuerdo, que sustituye el firmado por el Gobierno de La Rioja y el CGPJ en julio de 2013, define un nuevo protocolo de actuación para los casos en los que se observe una situación de riesgo de exclusión social en afectados por un procedimiento de ejecución hipotecaria o un desahucio por falta de pago de la renta.

Así, el juez o el letrado de la Administración de Justicia lo deberá comunicar de inmediato al Gobierno de La Rioja, en concreto a la Dirección General de Justicia e Interior, para que se puedan activar las medidas de protección social necesarias.

Para ello, el Gobierno de La Rioja facilitará al CGPJ toda la información disponible sobre la estructura, redes, organización, funcionamiento y recursos de los servicios sociales y programas de servicios sociales y de vivienda, con el fin de que jueces y letrados estén correctamente informados.

El acuerdo determina el compromiso del Consejo General del Poder Judicial de colaborar con el Gobierno de La Rioja para generar un registro informático que permita el estudio estadístico de las actuaciones realizadas a través de este convenio.

El convenio define el protocolo de actuación para abordar de forma conjunta y coordinada medidas que den respuesta a estas situaciones de vulnerabilidad que pueden detectarse y que se refieren tanto a desahucios de vivienda en propiedad o de alquiler.

De este modo, incluye las medidas de carácter informativo y formativo necesarias para que los afectados conozcan el contenido del Código de Buenas Prácticas Bancarias, así como del Programa Prioritario de Mediación Integral del Gobierno de La Rioja gestionado por el IRVI.

En el caso concreto de los afectados por desahucio de una vivienda en alquiler, se les informará además de los servicios y programas de servicios sociales de la administración local, y se les ofrecerá un documento informativo para acceder a la justicia gratuita.

Por otro lado, cuando un juez o letrado detecte, durante el inicio, la sustanciación o el desarrollo de un lanzamiento de un procedimiento de ejecución hipotecaria, una situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social informará de forma inmediata a la dirección general de Justicia e Interior, que lo trasladará a Servicios Sociales.

Una vez verificada la comunicación y examinada la situación, la Consejería de Políticas Sociales adoptará la decisión que proceda y que podrá consistir en formular una propuesta de intervención, pudiendo dar traslado a la Consejería de Fomento y Política Territorial si concurren los requisitos para su inclusión en los programas de vivienda social que gestiona, o declinar la misma.

En este sentido, el Ejecutivo riojano, a través del IRVI, dispone de un amplio parque de viviendas en alquiler dirigidas a los colectivos más vulnerables y a precios asequibles, así como del Programa de mediación en materia de ejecuciones hipotecarias.

Una u otra decisión se comunicará al órgano judicial, que resolverá si procede decretar la suspensión del lanzamiento, siempre de conformidad con las leyes procesales.

Finalmente, para garantizar el correcto funcionamiento del convenio se creará una comisión de seguimiento que estará integrada por dos representantes del Gobierno de La Rioja, dos del Consejo General del Poder Judicial y uno de la Federación Riojana de Municipios.

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