El Consistorio de Villamediana reitera la «imposibilidad» de facilitar datos al Parlamento

Ana Belén Martínez. :: j.r./
Ana Belén Martínez. :: j.r.

El Ayuntamiento insiste en que la documentación excede las competencias de la comisión investigadora y puede vulnerar la autonomía municipal

E. SÁENZ

logroño. El Ayuntamiento de Villamediana ha notificado a la Comisión del Parlamento de La Rioja que investiga la aprobación definitiva del PGM de la localidad por parte de la COTUR en junio del 2013 la resolución de Alcaldía que reitera la «imposibilidad jurídica» de remitir la última documentación requerida por el ente. El acuerdo municipal fechado el 16 de enero y firmado por la secretaria del Consistorio, Myriam Torbado, responde a la petición formulada por el hemiciclo solicitando información adicional -expedientes de concesión de licencias en suelo urbanizable o urbanizable delimitado y no delimitado, expedientes sancionadores, expedientes de contratación, denuncias planteadas por la oposición municipal sobre la materia objeto de la comisión...- que viene a abundar en la respuesta ya dada desde Villamediana en noviembre en la petición similar que se le requirió.

En el nuevo escrito, el Consistorio que dirige la socialista Ana Belén Martínez vuelve a argumentar la «imposibilidad jurídica» de atender al requerimiento basándose en disposiciones legales y dictámenes tanto del Consejo Consultivo de La Rioja como del Consejo de Estado o el CGPJ. Subrayando la voluntad expresada de colaborar con la comisión, subraya que los datos ahora pedidos pueden suponer una «vulneración del principio de autonomía municipal» garantizado por el artículo 140 de la Constitución. También subraya que la comisión estudia estrictamente la aprobación definitiva del PGM por parte de la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja (COTUR) que forma parte de la Administración de la Comunidad Autónoma. «Pretender extender el control político a otras administraciones como en este caso la local (...) excede el objeto de la comisión», afirma. La resolución añade a ello una «imposibilidad legal» por la exigencia del Ayuntamiento de tutelar los derechos fundamentales de terceros en cuanto que hay varios procesos judiciales abiertos al respecto. «Y ello -agrega- sin perjuicio de la obligación que tienen los diputados de no divulgar las actuaciones que conozcan ni la documentación que recaban en el ejercicio de sus funciones».

La secretaria municipal que firma la resolución fue una de las comparecientes reclamadas por la comisión. En su intervención, Torbado cuestionó las competencias del ente en términos similares.

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