La patronal nacional del transporte acude a la Justicia para devolver los camiones a la N-232

Camiones circulando por la AP-68, cerca de Agoncillo. :: sonia tercero/
Camiones circulando por la AP-68, cerca de Agoncillo. :: sonia tercero

El sector, en pie de guerra, alega en su recurso que en ningún momento se han motivado los argumentos de fluidez y seguridad vial por el que se justificó el desvío por la AP-68

Carmen Nevot
CARMEN NEVOTLogroño

El desvío obligatorio de camiones por la AP-68 trae de cabeza al sector que, en un último movimiento para tumbar una medida contra la que se han levantado en pie de guerra, ha acudido a la Justicia. En concreto, el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), que aglutina a las principales asociaciones del país, ha recurrido ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid la resolución del 29 de noviembre del 2017 que recoge la restricción temporal a la circulación de determinados vehículos en las carreteras N-232 y N-124 a su paso por La Rioja y piden que sea declarada nula.

En la demanda, la CNTC, a la que pertenecen la CETM, Fenadismer, ASTIC, FVET, Fetransa y Feintra, argumenta cuestiones de forma como que en la mencionada resolución ni siquiera se motiva el porqué de la limitación. «No hay rastro alguno que respalde los motivos aducidos para imponer la restricción obligatoria ni en razones de seguridad ni menos de fluidez, a menos que se trate de motivaciones cuya veracidad deba darse por supuesta», señala textual el recurso al que ha tenido acceso este diario. Un documento en el que si bien se reconoce que la administración tiene facultades para establecer este tipo de medidas, «las mismas tienen que motivarse adecuadamente en razones de fluidez y seguridad vial» y en este caso «no consta» que esta sea necesaria para resolver el problema de congestión en las carreteras nacionales ni tampoco la mejora de la seguridad vial. «Ningún dato obrante en el expediente administrativo justifica, con datos concretos, los problemas de seguridad en los que la resolución se ampara para restringir el derecho a la libre circulación por parte de los transportistas», añaden.

Aseguran que ni siquiera el único informe técnico incorporado al expediente va acompañado de un estudio, dato o análisis que justifique ese problema de seguridad «que dicen haber detectado en ese tramo de carreteras». Consideran que «no es racionalmente asumible» el «manido» argumento de que en las autopistas la siniestralidad es menor puesto que, a su juicio, «es un hecho notorio» que en estas carreteras de peaje la circulación de cualquier tipo de vehículos es mucho más baja. «Siguiendo el mismo criterio, podemos aseverar que la siniestralidad en los caminos vecinales es muchísimo menor que en las autopistas, argumento que nadie daría como suficiente para trasladar todo el transporte pesado por esas vías», apunta la demanda.

«Podemos aseverar que la siniestralidad en los caminos vecinales es menor y no es suficiente para trasladar el tráfico por ahí»«El desvío obligatorio por la AP-68 no puede dejar de verse como un cauce de financiación de la ruina de las autopistas»

Para abundar en esta idea, la CNTC, en el recurso ante la Justicia, asegura que en el convenio que firmaron la Administración General del Estado, el Gobierno de La Rioja y la empresa concesionaria de la autopista publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 2 de diciembre del 2017, el mismo día en el que entró en vigor el desvío, no se habla de seguridad vial, sino de contaminación acústica para justificar la expulsión del tráfico pesado de la N-232. «Esta diferencia de justificaciones nos lleva a pensar en razones de tipo político que poco o nada tienen que ver con los motivos expresados para fundar la medida». Es más, consideran que el veto por la nacional «no puede dejar de verse como un cauce de financiación de la ruina de las autopistas, a costa de restringir los derechos de los profesionales del transporte mucho más allá de lo razonable», añaden.

Además, el desvío, que, según la CNTC, vulneraría el derecho fundamental a la libre circulación de los conductores por el territorio nacional, se anuncia como una medida temporal y pese a ello no se acompaña de un plan de remodelación de las carreteras nacionales. Si bien en el acuerdo entre la administración y la concesionaria se habla de un proyecto de construcción, desdoblamiento y conversión en autovía de la N-124, lo cierto es que dicho proyecto «ni siquiera tiene fecha de inicio prevista, por lo que no podemos verlo sino como un paño caliente con el que dar una imagen de transitoriedad».

A lo largo de todo el recurso, la patronal del transporte insiste en que existe un cauce menos lesivo y más eficaz para la descongestión de las vías, que son los planes de desvío voluntario, un mecanismo que «sólo es menos eficaz en cuanto a la recaudación de la concesionaria». Recuerdan que en ocasiones anteriores se han adoptado restricciones voluntarias. De hecho, se hicieron una serie de pruebas piloto en seis tramos de distintas carreteras que fueron vistas con buenos ojos por el sector porque dejaban «la decisión última de desviarse por las vías de peaje al criterio de cada empresario o profesional del transporte, quien conforme a sus propios criterios podía estimar la medida como favorable o no».

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