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L.J.R.
LOGROÑO.
Jueves, 15 de marzo 2018, 19:51
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Son algunas de las mentes más brillantes y prometedoras. Son jóvenes, trabajadores y, sobre todo, tienen vocación investigadora, vocación científica. Tanto que se han embarcado en un negocio tan poco rentable como apasionante. «Con el título universitario ganaba más fuera de la universidad que con el contrato predoctoral que tengo», explica Sofía Montenegro, titulada en Trabajo Social y en su primer año de beca predoctoral. Obvió la lógica económica y eligió la investigación. Ayer se concentró en las puertas del Rectorado de la Universidad de La Rioja junto a una treintena de compañeros, jóvenes investigadores, para recordar al Gobierno central que las obligaciones están para cumplirlas y que hace un año recibió el mandato del Congreso de desarrollar el estatuto del personal investigador en formación.
No estuvieron solos. Parte del equipo rectoral -con el rector, el secretario general y el gerente de la universidad, entre otros- además del director de la Escuela de Máster y Doctorado de la UR y diferentes docentes apoyaron con su presencia la reivindicación de la cantera investigadora de la UR.
Isabel Ilizarbe, que realiza su tesis en el departamento de Ciencias Humanas y que es delagada de CSIF y miembro de la Comisión negociadora en Madrid junto a Montenegro y Ocón, ejerció de portavoz para apuntar que, junto al desarrollo de ese estatuto de personal investigador en formación, el colectivo tiene diferentes demandas como la fijación de «un máximo de 180 horas de docencia en 4 años, la posibilidad de recibir una indemnización al término del contrato, la creación de un código específico para el contrato predoctoral tal y como se define en la Ley de la Ciencia y que no se articule como un contrato de prácticas o de obra y servicio, que no tienen nada que ver».
También defendió la necesidad de establecer un rango salarial común aplicable a todo el colectivo para paliar las desigualdades salariales entre los investigadores. «En La Rioja, en relación a otras comunidades autónomas, estamos bien. Somos mileuristas, sí, pero en otras comunidades están cobrando menos de 900 euros brutos al mes y sin paga extra...».
Sofía Montenegro, doctoranda de Trabajo Social, lamenta que sobre ellos siga sobrevolando «el fantasma del antiguo becario» que les sitúa en «un limbo» que se agudizará al terminar su relación laboral como investigador. «Vamos a cerrar un periodo de cuatro años de dedicación exclusiva a la universidad y no vamos a tener ningún derecho a una indemnización por fin de contrato», lamentaba. «Consideramos que tenemos suerte de estar dedicándonos a tiempo completo a la tesis doctoral, pero no sabemos qué va a pasar en el futuro, si vamos a tener un hueco o no en la universidad. Es una apuesta personal por unos estudios que fuera de la universidad no se valoran».
Sofía Montenegro Trabajo Social
Juan Ocón, investigador predoctoral en Derecho, aportaba parte de la esencia de la concentración de ayer. «No luchamos por cuestiones propias, ya que lo que se pueda conseguir no nos beneficiará a nosotros sino a los que vengan detrás. Pero es importante porque este es el primer estadio de la carrera investigadora de nuestro país y tenemos que hacerlo atractivo y mejorar su reconocimiento para poder reclutar a más gente. No podemos permitirnos que los mejores expedientes salgan del sistema universitario o que por su vocación investigadora tengan que asumir una situación de precariedad».
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