El Ayuntamiento de Villamediana declina facilitar datos pedidos por el Parlamento

Pleno de toma de posesión en enero de Martínez tras la moción de censura que desbancó al PP. / S. TERCERO
Pleno de toma de posesión en enero de Martínez tras la moción de censura que desbancó al PP. / S. TERCERO

La alcaldesa aduce razones competenciales, jurídicas y de límites de la comisión que investiga la aprobación del PGM para argumentar su negativa al hemiciclo

Teri Sáenz
TERI SÁENZLogroño

El Ayuntamiento de Villamediana ha remitido un escrito al Parlamento de La Rioja en el que expone la «imposibilidad jurídica» de atender la última solicitud de documentación reclamada por la comisión de investigación constituida para aclarar la aprobación defintiva del PGM de la localidad por parte de la COTUR en junio del 2013.

Tras recordar que ya facilitó previamente una batería de datos, el Consistorio dirigido por la socialista Ana Belén Martínez expone las razones para declinar la nueva petición en relación básicamente a tres puntos: otorgamiento de licencias, expedientes de reestablecimiento de la legalidad urbanística o sancionadores y actuaciones municipales en materia de contratación. Una información instada previamente por Cs sobre el ámbito temporal del año 2010 al 2017, a la cual Podemos adhirió la petición de denuncias vinculadas al caso interpuestas por la oposición de la localidad.

LAS CLAVES

1
La comisión del Parlamento que analiza la aprobación del Plan General de Villamediana por parte de la COTUR solicitó a finales de octubre información adicional al Ayuntamiento.
2
Cs se interesó por otorgamiento de licencias, expedientes sobre legalidad urbanística y contrataciones municipales del 2010 al 2017, y Podemos por las denuncias planteadas.
3
El Consistorio excusa aportar la información requerida al entender que excede el ámbito de la comisión, hay vías alternativas, existe un límite competencial y una imposibilidad legal.

El Ayuntamiento villametrense defiende como punto de partida un «límite funcional» avalado por el Consejo Consultivo. «El parlamentario tiene derecho a la información que resulte necesaria para el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas (...), entre las que no se encuentra la de fiscalizar la actuación municipal, ni desde el punto de vista legal ni político», afirma para argumentar que la solicitud de información debe además ser «necesaria» y ponderar si puede puede ser obtenida por otros medios. A la «escasez de medios» y la imposiblidad de «paralizar» la tarea de los servicios municipales para atender esta petición, Martínez aporta que los datos pueden ser facilitados por la Dirección General de Urbanismo del Gobierno de La Rioja en tanto que la comisión se focaliza en una actuación de la COTUR.

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Al obstáculo funcional añade otro competencial, apoyándose en las disposiciones del Estatuto de Autonomía y diversos dictámenes del Consejo de Estado. «Las comisiones de investigación creadas por los Parlamentos han de interpretarse de forma congruente con su objetivo y finalidad (...) sin que pueda alcanzar a órganos ajenos a su ámbito de competencia, como en este caso la Administración local», afirma insistiendo en que el objetivo del Parlamento es aclarar la aprobación definitiva del Plan General por parte de la COTUR.

A todo lo argumentado suma el escrito firmado por la alcaldesa una «imposiblidad legal» de remitir la información requerida «por el deber que pesa sobre este ayuntamiento de tutelar los derechos constitucionales de terceros, en la medida que resulten comprometidos en el asunto de que se trate». Martínez recuerda aquí la existencia de varios procesos abiertos por la Justicia respecto a los datos instados, por lo cual podrían tener el carácter de reserva. «La investigación parlamentaria no puede afectar a las resoluciones judiciales ni incidir en la labor de los tribunales», arguye aludiendo al parecer del CGPJ antes de recapitular los procedimientos en marcha e invitar a solicitar este tipo de datos a las autoridades jurídicas.

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